Lucía Pineda, directora de prensa de la televisora 100% Noticias de Nicaragua, cerrada por el gobierno, fue acusada el domingo de “terrorismo” y puesta en prisión preventiva, informó la cancillería de Costa Rica, que sigue el proceso porque la periodista también tiene esa nacionalidad.

Pineda fue presentada este domingo a un tribunal que le impuso cargos de terrorismo y de incitar al odio, y le ordenó guardar prisión preventiva, indicó un comunicado de la cancillería costarricense.

Pineda fue capturada la noche del viernes en un operativo policial, en el que también se arrestó al matrimonio propietario del canal, Miguel Mora y Verónica Chávez, y a otros cuatro empleados. Mora fue presentado el sábado ante un juez de Managua y enfrentará cargos por “fomentar e incitar al odio y la violencia”, mientras que Chávez fue liberada de inmediato, y nadie sabe qué ha ocurrido con los otros empleados.

En un comunicado emitido el sábado, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) calificó de “grave atropello contra las libertades de expresión y de prensa” la clausura en Nicaragua del canal 100% Noticias y la detención de Miguel Mora. “El régimen orteguista muestra con esta acción su intención de cerrar todas las formas de expresión en el país”, señaló la presidente de la SIP, María Elvira Domínguez.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha identificado acciones de este tipo, contra periodistas, ONGs y empresarios, como la más reciente etapa de “represión del Gobierno de Nicaragua”, y ha advertido que tiene pruebas de que en este país se practican “crímenes de lesa humanidad”.

La captura y presentación de la periodista ante la justicia se da en plena crisis sociopolítica de Nicaragua, que desde abril pasado ha dejado entre 325 y 545 muertos, 674 “presos políticos”, cientos de desaparecidos, miles de heridos y decenas de miles en el exilio, según organismos humanitarios. El Gobierno reconoce únicamente 199 muertos y 273 reos, que señala de ser “golpistas”, “terroristas” y “delincuentes comunes”.

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La CIDH y la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) han responsabilizado al Gobierno de “más de 300 muertos”, así como de ejecuciones extrajudiciales, torturas, obstrucción a la atención médica, detenciones arbitrarias, secuestros y violencia sexual, entre otras violaciones a los Derechos Humanos.

El Día

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