La Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) observó que el Decreto de Indulto y Amnistía promulgado por el presidente Evo Morales no resuelve el gran problema estructural del sistema carcelario y la justicia. Se espera que la norma beneficie a más de 2.500 privados de libertad con detención preventiva o sentencia condenatoria vigente.

“En varias ocasiones la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y los distintos Organismos de Naciones Unidas (ONU) han mostrado preocupación por Bolivia y la situación del régimen penitenciario. Si bien trata de atender este tema, esta medida es un pequeño parche a un problema muy grande. Es una medida paliativa a un problema que debe ser resuelto de manera estructural”, indicó el secretario jurídico de la APDHB, Franco Albarracín.

El pasado lunes, Morales promulgó un decreto para la absolución de 2.535 presos de todo el país. Señaló que uno de los problemas que debe ser solucionado es la retardación de justicia y adelantó que trabaja en varios proyectos para dar solución a esta “traba”. “He pedido abogados para ayudar a los hermanos que están detenidos, a veces con una simple denuncia”, dijo.

El ministro de Justicia, Héctor Arce, detalló que con la amnistía serán beneficiados 1.035 privados de libertad que se encuentran con detención preventiva o medidas sustitutivas, cuya pena sería igual o menor a cinco años.

El beneficio no aplica en casos de violencia, uso indebido de bienes, incumplimiento de deberes, nombramientos ilegales, contratos lesivos, infidencia económica, sedición y homicidio culposo.

El ministro añadió que el indulto será para 1.500 presos que tienen sentencia ejecutoriada. Las restricciones para este caso son los condenados por los delitos de feminicidio, infanticidio, trata y tráfico de personas, contrabando y robo agravado.

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“Con la ley de indulto no se va a resolver el problema carcelario, porque éste va mucho más allá. Debe verse el tema de los detenidos preventivos algo que está muy relacionado con la justicia, Las autoridades jurisdiccionales ven como una normalidad enviar a la gente a la cárcel en lugar de hacer un buen análisis de los riesgos procesales”, manifestó Albarracín.

Indicó que además de las cárceles, las carceletas son otro punto donde se vulneran los derechos humanos. “Como ejemplo está la de Montero, donde no hay baños y donde una vez que entra una persona ya no hay espacio ni para moverse. Y como esa, muchas otras”, explicó.

Perseguidos políticos

Entre las muchas excepciones, el decreto establece que no se beneficiarán con la medida los acusados de delitos de terrorismo, separatismo, espionaje, traición a la patria y atentados contra el Presidente. Es decir que los que se denominan como “presos políticos” no accederán al beneficio.

“Este decreto es una medida hecha para calmar un poco a los organismos internacionales, que por las diferentes vulneraciones cometidas en Bolivia tienen la mirada sobre el país. Lo que es evidentemente es que no se quiere que la norma beneficie a personas perseguidas políticamente por el gobierno. Esta norma es política”, indicó el secretario jurídico de la APDHB.

Indulto presidencial

Solicitantes El 29 de noviembre, el director de Régimen Penitenciario, Jorge López, informó que 655 privados de libertad entregaron sus carpetas solicitando acogerse al anterior indulto presidencial que fue decretado en julio pasado.
Presos Según datos proporcionados por López, hasta noviembre se contaba con 18.970 privados de libertad a nivel nacional, de los cuales el 92% son varones y el 8% mujeres. Además, el 68% de los reos están con detención preventiva y 32% cumplen sentencia condenatoria.
Beneficiados En noviembre, el ministro Carlos Romero señaló que desde 2013 unos 5.000 privados de libertad se beneficiaron con el indulto humanitario.
Página Siete / Leny Chuquimia / La Paz

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