De un total de 18.895 privados de libertad, el 58 por ciento está recluido por robo, narcotráfico y violación, según un informe de la Defensoría del Pueblo.

En las cárceles del país 4.011 (21,23%) personas fueron detenidas por robo; 3.530 (18,68%) por la Ley 1008; y, 3.417 (18,08%) por violación.

Otro delito como asesinato representa el 9,31% o 1.759 casos; seguido de homicidio con 1.009 (5,34%) casos; violencia familiar con 621 (3,29%); feminicidio con 80 (0,42%); parricidio con 61 (0,32), infanticidio con 14 (0,07%), entre los principales.

En suma, casi el 70% de los detenidos carecen de condena.

De acuerdo con datos de la Dirección Nacional de Régimen Penitenciario de fines de 2018, las cárceles bolivianas tienen una capacidad máxima de 3.738 detenidos, pero albergan a 18.970 presos.

Además, según el informe de la Defensoría del Pueblo, “no existe una atención integral en salud para las personas privadas de libertad”.

El informe también revela que para cada 410 enfermos hay un solo médico, en tanto que un policía resguarda a 23 internos.

Por esta razón “el hacinamiento, la falta de clasificación y el alto porcentaje de detenidos preventivos impiden acciones de readaptación y reinserción de los privados de libertad”, de acuerdo al documento.

Según la Organización de los Estados Americanos, las cárceles bolivianas son las segundas más superpobladas de América Latina, después de las de El Salvador.

En marzo de 2018, un enfrentamiento entre detenidos en el penal de Palmasola, en Santa Cruz (este), una de las cárceles más superpobladas del país, dejó un saldo de siete muertos y una veintena de heridos.

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El incidente más grave en esa cárcel, que se asemeja a una ciudadela, se había producido en 2013, con 35 fallecidos.

Fuente: lostiempos.com

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