La audiencia de apelación de este jueves a la detención preventiva de los dos primeros implicados en sobornos en el caso Lava Jato – Odebrecht fue suspendida y diferida por la Sala Penal Cuarta hasta el 21 de marzo debido a que no se cumplieron los trámites administrativos para que los acusados puedan salir del penal de Palmasola, en Santa Cruz, donde guardan detención preventiva.

“La Sala Penal ha hecho el trámite de conducción de los dos coimputados, pero lamentablemente no se ha realizado la conducción, en ese entendido no se puede llevar esa audiencia”, informó el fiscal Ronald Chávez.

Luis Humberto Landívar Pereira, exgerente de Construcción del desaparecido Servicio Nacional de Caminos (SNC), y Roberto Saavedra, implicado por movimientos bancarios inusuales o sospechosos detectados, fueron detenidos preventivamente el 21 de febrero. Ambos se constituyen en los primeros encarcelados por la denuncia de pago de sobornos para la adjudicación de contratos millonarios de construcción de carreteras.

Landívar es acusado por enriquecimiento ilícito, legitimación de ganancias y resoluciones contrarias a la Constitución y las Leyes, mientras que Saavedra fue acusado por los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado.

Según la Fiscalía, ambos habrían tenido conocimiento de la adjudicación irregular para la construcción de los tramos carreteros Roboré – El Carmen a la empresa Camargo Correa y el tramo El Carmen – Arroyo Concepción a la firma Odebrecht, ambas firmas vinculados a hechos de corrupción en diferentes países.

La investigación fiscal es resultado de un trabajo de fiscalización hecho por el Legislativo. En la lista de investigados con movimientos bancarios sospechosos están: Carlos Eduardo Mario Morales Landívar, ministro de Obras Públicas del Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada; Jorge Nicolás Peredo Flores, exgerente General del Servicio Nacional de Caminos; y Mario Avelino Moreno Viruez, ministro de Obras Públicas del gobierno der Eduardo Rodríguez Veltzé.

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La Fiscalía tiene previsto convocar a otras 30 personas. Chávez explicó que serán citados inicialmente en calidad de testigos y su situación jurídica será determinada por la investigación.

La Razón

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