El Ministerio de Minería identificó 35 grupos de jukus (ladrones de minerales) organizados que asedian a la Empresa Minera de Huanuni. En el lugar, el martes por la noche se registró un enfrentamiento con los militares, con el saldo de cuatro personas fallecidas.

“El equipo de inteligencia desplegado identificó al menos 35 grupos de jukus, de los cuales 20 se desplazan en Huanuni, 10 en Llallagua y cinco en la población de Cataricagua, cada uno está conformado por entre 30 y 50 personas”, informó el ministro César Navarro.

Por ejemplo, citó que los jukus organizados en Llallagua son los grupos denominados: los loros, Teo Janco, los kakas, los vicos, los timucos, los matanzas, los choco belén, los teófilos, los gatos y los tubos.

Mientras que entre los grupos que operan en Huanuni están los jarros, los jetis, los lechis, los francos, Oruro, los motas, los gudis, los gayetas, los chentavos, los mostazos, los loros, los chapis, timucos, los ángeles y los denis. Y en Cataricagua están el camba, los richard, los cusis y los kolos.

“No sólo son grupos que roban el mineral, sino son los que hurtan, sacan y acopian en Cataricagua, para luego trasladarlo en vehículos y venderlo en Oruro o Llallagua”, describió la autoridad.

De acuerdo con los datos del Ministerio Público, el martes por la noche pasadas las 22 horas, se registró un enfrentamiento entre militares y personas ajenas a la mina Huanuni, el hecho se dio en un puesto militar llamado Búnker, ubicado entre la población de Huanuni y Llallagua.

El fiscal Departamental de Oruro, Orlando Zapata, confirmó que los jukus son organizaciones bien establecidas y que cada una está conformada por 160 personas, quienes provienen de otras poblaciones como el Norte de Potosí y Llallagua.

El ataque en Huanuni

En el caso donde hubo cuatro muertos, el fiscal relató que al lugar arribaron tres vehículos en los que se encontraban unas 40 personas que se dedican al robo del mineral.

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“Según el reporte preliminar de los funcionarios del Ejército, un grupo trató de pasar por donde estaban asentados y al ver que se hacía un control, regresaron con otro grupo considerable para hacer el ataque y es cuando se registra el cruce de armas de fuego”, indicó.

El hecho dejó el saldo de cuatro personas fallecidas, dos de ellas fueron trasladadas a la morgue de Oruro, otra a la de Llallagua y la cuarta persona, inicialmente herida, intentó huir en un minibús Mitsubishi con placa 401HGX, pero se encunetó y perdió la vida.

Según reporte de Radio Fides Oruro, dos de los fallecidos fueron identificados como José Luis Nicolás García, de 31 años, y Miguel Ángel Aserico Mamani, de 21 años. El informe médico indica que murieron por heridas de proyectil de arma de fuego.

Tras el hecho no se aprehendió a otros involucrados que participaron del enfrentamiento y los cuerpos de los fallecidos tampoco fueron reclamados por ningún familiar, informó Zapata.

Sin embargo, el Ministerio Público inició las investigaciones del caso para dar con más personas involucradas.

Entretanto, el ministro de Defensa, Javier Zavaleta, informó que los uniformados tuvieron que responder en defensa propia, debido a que los jukus portaban dinamita y armas de grueso calibre.

“El ataque fue anoche con dinamita y disparos de arma de fuego, iniciado por ladrones de mineral al puesto fijo de control ubicado en el camino entre Huanuni y Llallagua. La patrulla destinada al lugar tuvo que responder el fuego de los atacantes con sus armas en defensa propia”, dijo.

La autoridad mencionó que se trata del segundo ataque que reciben los miembros de las Fuerzas Armadas, en la mina de Huanuni.

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En el lugar, el pasado 28 de febrero, otro grupo de jukus que estaban armados con explosivos atacaron a efectivos militares y del hecho cuatro miembros resultaron heridos, aunque el mismo no fue de gravedad.

Zavaleta también anticipó que se realiza la investigación del caso y que no descartan que se trate de clanes familiares los que operan en Huanuni

“Vamos a hacer una investigación de los familiares. Y se hará un rastrillaje, se presume que al menos 20 personas están involucradas”. anunció.

Mina es custodiada por 88 policías y 120 militares

La Empresa Minera de Huanuni es resguardada por 88 policías y 120 militares del Ejército, quienes identificaron varios lugares de ingreso ilegal al cerro Posokoni, informó ayer el ministro de Minería, César Navarro.

“Los 88 policías resguardan la mina interior y los 120 efectivos militares hacen el control externo del cerro Posokoni, que es extenso. Éste tiene varios ingresos ya sea por la chimenea, ventilación de la bocamina y otros habilitados clandestinamente”, describió.

El pasado 26 de febrero, el gerente de Huanuni, Mario Felípez suscribió un convenio interinstitucional con el Comandante General del Ejército, Jorge Mendieta, para el resguardo de la parte exterior de la mina Huanuni. El convenio tiene vigencia de un año a partir del 1 de marzo pasado.

El convenio señala que la institución tiene la obligación de preservar los bienes del centro minero Huanuni, ante la creciente actividad ilícita de robo de materiales e insumos y destrucción, por parte de personas individuales y grupos conformados.

El hecho ocasiona graves perjuicios económicos a los intereses de la minera estatal. Por el robo de estaño se calcula una pérdida mensual de dos millones de dólares, el que se registra desde hace años.

No obstante, Navarro afirmó que este fin de semana se cuantificará los daños económicos.

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Córdova: No se ataca la causa del jukeo

De acuerdo con el expresidente de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) Héctor Córdova, el robo de mineral o jukeo es una respuesta a la falta de empleo en las regiones mineras, un problema que las autoridades parecen no atender.

“La empresa acude a mecanismos habituales para protegerse de los jukus: Policía y fuerzas armadas; es decir, se trata de resolver el problema atacando el efecto. No se ha visto, hasta ahora, medidas que ataquen la causa. Esto, en gran parte, porque ésta está fuera del sector minero”, explicó.

La causa, según Córdova, son las limitaciones que existen para generar empleo digno y sostenible, sobre todo en las zonas mineras como Huanuni.

“Las diferencias de posibilidades entre los que trabajan en el Estado y los que están al margen son excesivamente grandes; adicionalmente, están el hecho de que no se ve un plan del gobierno para superar estas situaciones; el fomento a la informalidad y la persecución impositiva a los pocos formales configuran un abanico de provocaciones para que la iniciativa ilegal trate de resolver la problemática”, agregó.

El experto indicó que los cuatro muertos, producto de un asalto a un puesto fijo de los mecanismos de control, es sólo la punta del témpano de hielo que tiene unas raíces gigantescas en la desestructuración de la sociedad que se vive en esa zona.

“¿Por qué se atreverían unos civiles a atacar un puesto donde hay gente armada dispuesta a actuar violentamente? Es difícil entender esta acción sin conocer el contexto. ¿Qué pretendían los atacantes? ¿Por qué llevaban armas? ¿Con qué fin? La cada vez mayor audacia de estas personas hace temer un futuro complejo si no se toman medidas que apunten a las causas y no a los efectos”, puntualizó.

Página Siete

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