ANF.- Sin que que exista un dictamen sobre una supuesta deuda impositiva de la familia de Carlos Mesa, la presidenta del Senado, Adriana Salvatierra, estableció que el expresidente de Bolivia junto a sus hermanos tendría responsabilidad por la “evasión de impuestos” en la venta de un departamento de sus padres.

Un comunicado de la Presidencia del Senado señala que, tras el fallecimiento de José de Mesa Figueroa, padre del exmandatario, “la responsabilidad civil, con relación a la evasión impositiva corresponde a sus herederos”, la posición se basa en una Resolución 40/2013 en la que hubieran asumido derechos y obligaciones.

En ese contexto, Salvatierra sostiene que “serían responsables por la diferencia no pagada Carlos Diego de Mesa Gisbert, Íñigo Andrés Arnaldo de Mesa Gisbert, Teresa Isabel Margarita de Mesa Gisbert y Teresa Guiomar de Mesa Gisbert. Esperamos que los herederos puedan revisar las liquidaciones y pagos realizados en relación a la herencia de sus señores padres y honrando su memoria puedan reparar la evasión recomendada por el Estudio Jurídico Alarcón-Verástegui”.
Asimismo, la Presidencia del Senado señala que el abogado Paulino Verástegui, del Estudio Jurídico Alarcón-Verástegui, “recomendó a su cliente Don José de Mesa, evadir el pago del impuesto municipal a las transferencias”, dice el texto del comunicado.

Para el oficialismo, el exmandatario y candidato a la presidencia por Comunidad Ciudadana evadió impuestos, no obstante, la transacción fue realizada por sus padres cuando vendieron un departamento ubicado en el centro de la ciudad de La Paz.

La vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Susana Rivero, dijo el 30 de abril que Mesa había recibió el 2009 $us 30.000 del ahora investigado por narcotráfico Gonzalo Medina, exjefe de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen en Santa Cruz.

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La diputada explicó en ese momento, que ese depósito de $us 30.000 se identificó del informe de la Unidad de Investigación Financiera a la Asamblea Legislativa Plurinacional cuando investigaba sobornos de la empresa Camargo-Correa a exfuncionarios por contratos con el Estado.

Sin embargo, después se conoció que la transferencia se realizó por $us 19.000 y no por los $us 30.000, bajo este elemento, el oficialismo sostiene que existió una evasión de impuestos municipales.

En el programa Todo A Pulmón en el canal televisivo Cadena A, el abogado del expresidente, Carlos Alarcón, señaló que, si el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz “establecería algún saldo pendiente de pago por esa diferencia, a pesar que los herederos no participaron en esa compra-venta (…), pero si la entidad recaudadora dice que hay un saldo pendiente los herederos honrarían esa deuda”, afirmó.

 

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