Página Siete / La Paz

Desde secretarias hasta altos magistrados del Órgano Judicial de Bolivia están ligados al narcotraficante Pedro Montenegro Paz, el hombre requerido por la justicia de Brasil.

Los ex y actuales funcionarios fueron relacionados por medio de fotos e informes de inteligencia de la Policía, los cuales señalan que cuatro de los involucrados ayudaron a obstaculizar la extradición solicitada por el vecino país, vigente desde julio de 2015.

 

Los implicados son el actual magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Gonzalo Hurtado Zamorano; el expresidente de esa instancia, Juan Oswaldo Valencia Alvarado, uno de los que aprobó la reelección indefinida de Evo Morales; la magistrada suplente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Joyce Lizeth Choquerive Sossa; y el esposo de Choquerive y actual vocal del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Santa Cruz, Darwin Vargas.

Asimismo, están implicados el juez de sentencia del mismo distrito Juan José Paniagua Cuéllar y la exrepresentante departamental del Consejo de la Magistratura de Beni, María Belén Laguna Rojas.

Por otro lado, en un informe de la Policía figura el nombre de la secretaria del magistrado Hurtado, Magdalena Salinas, y en una fotografía que circula en las redes sociales desde el inicio del caso se ve a la exsecretaria de Valencia, Thelma Morales abrazada a Montenegro.

“Esas personas quizá influenciaban en el problema procesal (extradición) que tenía (Montenegro) en Brasil”, aseguró el sábado el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), Maximiliano Dávila.

El jefe policial mostró un diagrama de vínculos en el que aparecen Hurtado, Vargas, Paniagua y Laguna, las imágenes fueron exhibidas un día después de que el narco se entregara.

El escándalo sobre los nexos de Montenegro con autoridades policiales y judiciales comenzó con la revelación de fotos del narco tomadas en marzo, en Cartagena de Indias (Colombia) en las que se lo ve acompañado de jefes policiales, sus familias y el empresario Pedro Higa, a quien la Fiscalía señala como el responsable del lavado de dinero ilícito.

En el caso de Choquerive, el lunes circularon varias imágenes y un video que corresponden a la campaña electoral que ella lanzó para su elección en el cargo. En las fotografías se observa a la funcionaria electa, en lo que parece la sala de la lujosa casa en la que Montenegro vivía, ubicada en la calle Barcelona del barrio las Palmas, en Santa Cruz.

“Voy a dar una explicación sobre este tema mañana (hoy). Pido un poco de paciencia, ya que es un tema peligroso para nosotros, el tema de lo ilícito, ya que nunca hemos estado involucrados”, se excusó ayer Choquerive en un breve contacto con Página Siete.

El fiscal departamental de Santa Cruz, Mirael Salguero, afirmó que antes de citar a los involucrados se pedirá un informe detallado a la FELCN sobre el cuadro de vínculos judiciales y los indicios sobre estos nexos. Asimismo, se pedirá más datos sobre las fotos que circulan en las redes sociales y que involucran a otros.

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Hasta ayer, las autoridades del TCP y del TSJ no emitieron ningún pronunciamiento oficial sobre estas denuncias. Por su lado, representantes del Consejo de la Magistratura y del TDJ de Santa Cruz anunciaron la petición de informes de los actuales funcionarios para iniciar las investigaciones en un proceso disciplinario.

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