Lourdes Millares, diputada de oposición

Un fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) anuló en 2016 la resolución de un juzgado de Cotoca que favorecía al acusado de narcotráfico Pedro Montenegro y ya daba cuenta de una alternación en el fallo adverso del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) contra Montenegro, por lo que instruía la investigación del hecho.

La diputada de oposición Lourdes Millares explicó con documentos en mano en el programa “Todo A Pulmón” de Cadena A la alteración del fallo del máximo tribunal justicia, que impidió activar la orden de captura con fines de extradición a Brasil de Montenegro, quien hoy se encuentra en la cárcel de Palmasola.

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Evidentemente en 2016 el TSJ emitió una resolución que viabilizaba la captura y extradición, pero fue suspendido por un recurso de Acción de Libertad tramitado en un juzgado de Cotoca, Santa Cruz) y que se sustentó en la ya alterada resolución. El caso llegó en revisión hasta el TCP, instancia que emitió un fallo que anuló la resolución del juzgado.

No solo eso, sino que ya detectaba irregularidades en el fallo del TSJ porque no coincidía el físico con el que se publicó en su página digital. Ante esa situación instruyó a la máxima instancia judicial iniciar una investigación interna para establecer responsabilidades y a la Fiscalía activar una investigación penal.

“El presidente del Tribunal Supremo de Justicia José Antonio Revilla debe decirnos (en un informe) en qué fecha empezó la investigación mandada por esa sentencia constitucional. Si no se ha dado cumplimiento en 2016, 2017 y el 2018, Revilla tiene que iniciar acciones penales contra sus antecesores”, consideró.

Mientras que el fiscal General, Juan Lanchipa, deberá explicar en otro informe si instruyó la investigación, qué fiscales fueron asignados y qué acciones se siguió. De no haberse dado ese proceso, dijo Millares, Lanchipa debe iniciar una demanda contra su antecesor Ramiro Guerrero, quien ahora cumple funciones como cónsul en Chile.

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El mismo Revilla denunció este miércoles la alteración del fallo del TSJ que permitió que no se de curso a la captura para extradición de Montenegro.

Para Millares ya desde 2016 estaba vigencia la orden de captura, luego que el control constitucional anulara el fallo judicial del juzgado de Cotoca. El ministro de Gobierno, Carlos Romero, denunció que Interpol no activó la orden de captura.

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La Razón

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