En El Alto, la dirigencia del partido oficialista difundió la candidatura del presidente Evo Morales. Foto- APG NOTICIAS

El lanzamiento de la campaña del MAS en el aeropuerto de Chimoré provocó una ola de denuncias anónimas de funcionarios públicos, de que son obligados a participar del acto político. Desde el otro lado, líderes opositores aseguran que esta es una vieja práctica que se convierte en un delito electoral.

Al respecto, el ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Óscar Coca, descartó la obligatoriedad de asistir al acto y que los militantes tienen la opción de asistir o no. “Lo que ocurre es que en muchos lugares se están organizando para contratar buses, ver el tema de la alimentación y alojamiento. Algunos dicen que son obligados, esto no puede ser”. También explicó que una buena parte está tomando un día libre a cuenta de vacación.

 

Las denuncias públicas también señalan incentivos económicos para los que viajen, pero otros lo hacen para asegurar la renovación de sus contratos, porque muchos vencen en el mes de junio.

Una vieja práctica

Para el candidato presidencial de UCS, Víctor Hugo Cárdenas, no es novedad que el MAS obligue a los funcionarios públicos a asistir a los actos políticos, como ocurrió en las elecciones primarias, “donde a pesar de esas presiones, apenas un 30% fue a votar”. “Ahora no solo cobran aportes de Bs 500 para financiar ese evento, sino que están obligando y presionando con destituciones”.

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Para Cárdenas, obligar a los funcionarios es un delito electoral, por lo que el Órgano Electoral debe tomar cartas en el asunto.

Virginio Lema, candidato del MNR, dijo que Evo sabe que ha perdido la elección y “por eso obliga, como lo hizo en las primarias y acudió menos del 40%, esa es una demostración de que cuando se obliga, las cosas salen mal”, indicó.

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El candidato a vicepresidente de Comunidad Ciudadana, Gustavo Pedraza, calificó el hecho como un abuso de poder, porque “el MAS cree que el Estado y los bienes públicos son de su propiedad, y los funcionarios son para hacer campaña y están a su servicio”.

“Las autoridades que están obligando a servidores públicos a asistir a la proclamación de Evo Morales en Chimoré están por cometer delitos de coacción para obtener ventajas ilegítimas y obstaculización del trabajo, porque van al evento en horas laborables. Estos delitos están contemplados en el Código Penal”, dijo Pedraza.

Por su lado, Jaime Paz Zamora, candidato de PDC, condenó esta práctica que, según dice, siempre ha sucedido y es una inmoralidad y un chantaje. “Lo interesante ahora es que los funcionarios se están revelando”.

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El candidato del Movimiento Tercer Sistema, Félix Patzi, dijo que el que está en función de Gobierno tiende a usar a funcionarios como fuerza personal de campaña, pero como todavía no hay un cronograma de actividades aprobado, el Órgano Electoral no tiene competencias para controlar el uso indebido de bienes ni de funcionarios.

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EL DEBER / Carmela Delgado

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