El Ministerio de Justicia de Brasil informó a Los Tiempos que no se pronunciará sobre el caso de Pedro Montenegro Paz para no perjudicar las labores de inteligencia que realiza ese país y asegurar la efectividad de “eventuales medidas judiciales”.

Montenegro actualmente cumple detención preventiva en el penal de Palmasola, es procesado en Bolivia por los presuntos delitos de falsedad material, ideológica y uso de instrumento falsificado, así como por legitimación de ganancias ilícitas. Ayer se informó que el extraditable fue convocado para hoy (10:30) a declarar por un el delito de tráfico de sustancias controladas.

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Brasil pidió a Bolivia en 2015 la detención con fines de extradición de Montenegro, a quien acusa de estar implicado en una operación de tráfico internacional de droga que fue desarticulada en 2014 mediante el operativo Monte Pollino.

Sin embargo, a una semana de haberse entregado a la Policía Boliviana, Brasil no se pronunció oficialmente al respecto. En respuesta a la consulta de Los Tiempos, el Ministerio de Justicia de ese país respondió: “A fin de no comprometer informaciones de inteligencia y asegurar la efectividad de eventuales medidas judiciales, el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública no se manifiesta en relación a solicitudes de extradición aún en marcha”.

En julio de 2015, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Bolivia emitió el Auto Supremo 075/2015 que dio curso a la aprehensión, pero Montenegro neutralizó este procedimiento en diciembre de ese año mediante una resolución falsificada que fue utilizada en una acción de libertad que le salió favorable. Sin embargo, después, el Tribunal Constitucional (TCP) revocó esa decisión y observó la existencia de una resolución con dos versiones.

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) presentó un diagrama de vínculos de Montenegro que incluye a cinco autoridades judiciales; Gonzalo Hurtado Zamorano, magistrado del TCP; Joyce Lizeth Choquerive Sosa, magistrada suplente Tribunal Supremo de Justicia (TSJ); Darwin

Vargas Vargas, vocal del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz ; Juan José Paniagua, juez Cuarto de Sentencia en lo Penal de Santa Cruz, y María Belén Laguna Rojas, exrepresentante del Consejo de la Magistratura en Beni. La Felcn mencionó que un grupo de funcionarios habría influenciado para favorecer al extraditable.

Ayer, la Fiscalía de Santa Cruz amplió la investigación del caso Montenegro contra las cinco autoridades jurisdiccionales y también contra un exdiputado del MAS, Franklin Garvizu Janco, a quienes indagará por el presunto delito de tráfico de sustancias controladas, asociación delictuosa, confabulación y encubrimiento.

Garvizu fue diputado por el MAS entre 2009 y 2015, y fue designado en 2017 juez en Yapacaní, pero sólo ocupó el cargo unas semanas. Garvizu negó cualquier vínculo con Montenegro y aseguró que se trata de una “confusión”, por lo que se defenderá ante la justicia.

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Declaración

El abogado de Montenegro, Ariel Gongora, informó ayer que la Fiscalía amplió la acusación contra su defendido al delito de tráfico de sustancias, por lo que fue citado a declarar hoy a las 10:30.

“No hay indicios (contra Montenegro), pero vamos a ver qué presenta el Ministerio Público. Ahora nosotros estamos viendo el tema de (los procesos) de legitimación de ganancias y uso de instrumento, pero se suma esta nueva denuncia”, explicó.

El jurista aseguró que su defendido demostrará que es inocente y que colaborará con las autoridades para esclarecer el caso.

GARCÍA: SE BARRERÁ A LOS IMPLICADOS

El vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera, aseguró hoy que el Gobierno “barrerá” con todas las personas que estén involucrados en actos de corrupción o de narcotráfico.

“Cualquier persona involucrada en temas de corrupción y narcotráfico, vamos a barrer con ellos y colaborar en todo para que las investigaciones sean lo más completas posible”, aseveró.
Señaló que “no se protegerá a nadie”, independientemente de su cargo, condición social o partido al que pertenezca.

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, dijo en su momento que no está descartado que asambleístas y otras autoridades estén implicadas en el caso Pedro Montenegro.

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ESPOSA DE NARCO SE PRESENTA EN LA FISCALÍA

REDACCIÓN CENTRAL

María Jennifer Rodríguez Vargas, esposa del extraditable Pedro Montenegro Paz, asistió a ayer junto al abogado Ariel Gongora al Ministerio Público para prestar voluntariamente su declaración, pero ésta no se concretó por falta de fiscales, quienes estaban tomando declaración a los policías Ismael Sánchez y Juan Carlos Villca.

Rodríguez Vargas se retiró sin dar declaraciones a los medios y su abogado Gongora explicó que esperarán la citación de la Policía. La esposa del extraditable aún no está investigada por la Fiscalía, aunque se estima que será convocada las próximas horas.

El martes, la modelo Adriana Méndez y la esposa del empresario Mauricio Higa, Giovanka Fernández, recibieron detención domiciliaria por presunto encubrimiento a Montenegro.

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JUEZ PANIAGUA ADMITE QUE SE PRESTÓ BS 350 MIL DEL PEDRO MONTENEGRO

REDACCIÓN CENTRAL

El juez Juan José Paniagua, uno de los funcionarios judiciales investigados por presunto favorecimiento a Pedro Montenegro, se prestó del extraditable 350 mil bolivianos, según la declaración jurada de la Contraloría.

El juez admitió el préstamo, pero dijo que lo hizo en calidad de constructor, Montenegro le ofreció ampliar su casa por ese monto y que, como Paniagua no tenía dinero, acordaron en pagar a través de un crédito bancario. Al final, la construcción no se ejecutó y no hubo préstamo, señaló. Sin embargo, el Consejo de la Magistratura analizó el expediente de la autoridad judicial y, al no ser un juez de carrera, determinó agradecerle por sus servicios y cesarlo de sus funciones.

La Fiscalía amplió la investigación contra cinco funcionarios judiciales, entre ellos Paniagua, por los presuntos delitos de tráfico de sustancias controladas, confabulación, asociación delictuosa y encubrimiento.

Los Tiempos

 

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