Miguel Díaz-Canel, en abril de 2018, tras ser elegido sucesor de Raúl Castro como presidente de Cuba – Reuters

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, tardó horas en contestar a la presentación pública, en la sede de la OEA en Washington, de la denuncia que dos ONG –Cuban Prisoners Defenders y Unpacu– han presentado contra él, su antecesor en el cargo, Raúl Castro, y otros cuatro cargos del gobierno cubano, ante la Corte Penal Internacional. En ella se les acusa de cometer crímenes de lesa humanidad, en la forma de esclavitud, persecución y otros actos inhumanos. Hechos que habrían afectado a miles de profesionales civiles, especialmente médicos, que durante años han participado en las Misiones de internacionalización promovidas por el régimen cubano.

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«Nuevamente, la mentira imperial intenta desprestigiar a los programas cubanos de colaboración de salud con otros países, calificándolos como una práctica de “esclavitud moderna” y de “trata de personas”. Les molesta la solidaridad y el ejemplo de Cuba», afirmó este miércoles el mandatario en su cuenta de Twitter. Y se refirió a que «más de 600 mil cubanos han prestado servicios médicos en más de 160 países en los últimos 55 años. En Cuba se han formado de manera gratuita 35 mil 613 profesionales de la salud de 138 países». Para a continuación acusar a EE.UU. de buscar «restablecer el programa de robo de cerebros hacia los médicos cubanos».

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Las claves de la denuncia

Sin embargo, Díaz-Canel no menciona que durante años el Gobierno cubano se ha valido del trabajo de estos médicos para incrementar sus ingresos –la fuente principal de la isla, por delante del turismo–, quedándose con entre el 75% y 90% del salario que tenían que percibir los profesionales, que eran reclutados de manera forzosa –no se negaban ante el miedo a las represalias– para participar en estas misiones que les mantenía alejado de sus familias durante tres años.

 

En los países de trabajo vivían bajo una férrea supervisión, de agentes enviados por el régimen cubano. Si no acaban la misión podían ser condenados a entre 3 y 8 años de cárcel, y en caso de concluirla y no querer volver a Cuba, se les prohibía volver a la Isla durante ocho años, a lo que se sumaba la represión que sufría la familia. Entre las obligaciones, se encontraba la de espiar y delatar a compañeros que estuvieran pensando en desertar, falsear las estadísticas médicas y adoctrinar a los pacientes, especialmente en países como Venezuela y Brasil.

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abc.es

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