Tras una maratónica sesión de nueve horas y media de declaraciones ante la Fiscalía Anticorrupción de Cochabamba, el abogado Jhasmany T.L. salió del edificio Abugoch a las 18:40 horas asegurando que cumplió con su palabra y brindó los nombres de otros 17 funcionarios del Órgano Judicial, entre jueces y vocales, que supuestamente participaron de su consorcio para transar con dinero el mejor destino para sus clientes. Sin embargo, no presentó ni una sola prueba contra ellos.

Aunque brindó datos precisos en algunos casos, no entregó imágenes, documentos ni audios, como se esperaba, toda vez que ya se sabe que policías le devolvieron las memorias externas que secuestró la Fiscalía antes y en las que, según él, tiene evidencias.

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La demora se debió a que se transcribió “todo” lo que dijo. Ante los periodistas, Jhasmany T.L. dijo: “Por el momento no podré darles los nombres porque la declaración no ha terminado. Hasta ahora, son 17 jueces nombrados de los que ya deben estar empezando a buscar la documentación. Los elementos probatorios, como yo he comprometido coadyuvar con el Ministerio Público, se van a entregar posteriormente”.

Acotó que les pagaba de “mil dólares para arriba” por torcer la justicia a su favor y que está dispuesto a someterse a pericias psicológicas para establecer la “veracidad” de su declaración. Anticipó que como pruebas solicitará careos, presentará resoluciones y pedirá la “devolución” y apertura de los soportes digitales que le secuestraron. No hablará de policías relacionados con su consorcio, porque considera que la Policía “tiene un código de honor y no se puede estigmatizar a la institución. Si un policía comete un delito se juzga a la persona no a la institución”.

Recalcó una y otra vez que el capitán Sandy y el vocal Nelson Pereira nada tienen que ver con él, pese a que existen declaraciones de las mismas personas que trabajaron en el bufete que dicen lo contrario y an detalles sobre la participación del policía y del exvocal. Ayer dijo que la lista de jueces y fiscales seguirá siendo revelada hoy, desde las 8:30 de la mañana, en la misma Fiscalía Anticorrupción y estima que tardará “al menos dos días más” en la declaración.

En la toma de declaraciones estuvo presente el asesor legal del Consejo de la Magistratura, Johnny Rocha, quien tomó apuntes, pero no quiso revelar el nombre de ningún sospechoso, “para no entorpecer las investigaciones”.

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Mientras se llevaba adelante la toma de declaraciones, decenas de integrantes de la Organización Nacional de Víctimas de la Corrupción (Onvico) marcharon frente a la Fiscalía con carteles y exigieron que se garantice la vida del abogado hasta que la información que haya brindado sea investigada y el Estado se deshaga de todos los jueces, fiscales y policías que forman parte de una red de corrupción que afecta a cientos de bolivianos.

La fiscal Faridy Arnez informó que el domingo 19 de mayo fue aprehendido otro integrante del grupo de Jhasmany que es investigado por participar del caso de las torturas y de la expulsión del padrastro de su casa de la avenida Kápac Yupanqui, además de uno de los casos de torturas y extorsión que quedaron registrados en videos que se viralizaron en enero de 2019. “Se está solicitando que sea imputado y sometido a una audiencia de medidas cautelares”, detalló.

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