Durante la audiencia de jurisdicción y fondo que se desarrolla en la Cámara de Comercio Internacional (CCI) de París, Francia, por el arbitraje internacional de inversiones interpuesto por la transnacional Glencore Finance (Bermuda) Ltd en contra el Estado boliviano, el procurador General del Estado, Pablo Menacho, acusó al expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada de aprovecharse de activos en litigio.

Durante el alegato de apertura, el procurador General del Estado, Pablo Menacho hizo conocer al Tribunal Arbitral sobre la adquisición de los activos en litigio por parte del ex presidente de Bolivia Gonzalo Sánchez de Lozada, a la que calificó de ilegal.

Recordó que Sánchez de Lozada enfrenta un juicio de responsabilidades en Bolivia “jugó un papel fundamental para estructurar, a su propio beneficio, la privatización, y posterior adquisición de los tres bienes”.

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El arbitraje instaurado en contra del Estado boliviano por la firma suiza Glencore Finance se dio por la nacionalización del complejo metalúrgico Vinto y la mina Colquiri. En un inicio la firma pidió una indemnización de $us 675,7 millones, que con los intereses habría llegado a $us 1.400 millones, de acuerdo a información extraoficial.

A la audiencia se hicieron presentes los abogados de la firma Glencore, representada por el estudio jurídico Freshfields Bruckhaus Deringer US LLP, y por parte del equipo de defensa legal del Estado boliviano, el Procurador y el profesor Eduardo Silva-Romero, líder del equipo de arbitraje del estudio jurídico internacional Dechert LLP.

La demanda fue completamente abusiva en análisis de Menacho, porque se trata de una subsidiaria de la transnacional suiza Glencore International AG, creada en un paraíso fiscal.

Glencore Finance (Bermuda) Limited -dijo Menacho- que intenta usar este arbitraje de inversión como una póliza de seguro de su propia mala administración y conflictos sociales creados en Bolivia.

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Menacho añadió que la compañía suiza adquirió los bienes objeto del arbitraje “bajo pleno conocimiento que la persona de quien los adquiría era Sánchez de Lozada, quien había huido de Bolivia, luego de haber provocado uno de los conflictos sociales recientes de mayor gravedad como fue la “Guerra del Gas”, con un saldo trágico de 64 fallecidos y más de 400 heridos.

El Procurador señaló que la compañía sabía del juicio de responsabilidades en contra de Sánchez de Lozada por los eventos de 2003.

Durante la audiencia, la defensa boliviana expuso las irregularidades e ilegalidades cometidas respecto a la privatización de las fundiciones de estaño y antimonio de Vinto y al arrendamiento de la mina de Colquiri, entre las que señaló: su adquisición por Sánchez de Lozada entre su primer y segundo mandato.

También se mencionó montos irrisorios montos de adquisición y minúsculos compromisos de inversión, además de la ocultación al Congreso Nacional sobre la adquisición realizada por Comsur y las relaciones de negocios, de larga data, entre el expresidente boliviano y el extinto fundador de Glencore, Marc Rich, sobre quien recaía una orden de captura en los Estados Unidos.

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La fundición de estaño y la fundición de antimonio en Vinto y el arrendamiento de la mina de Colquiri fueron recuperados por el Estado boliviano entre 2007, 2010 y 2012, respectivamente, debido a las ilegalidades cometidas en el proceso de privatización y a los graves conflictos sociales ocurridos en Colquiri a mediados del año 2012.

El arbitraje de inversiones se inició con la solicitud de arbitraje presentada por Glencore Finance (Bermuda) Limited el 18 de julio del año 2016, en el marco del tratado de protección de inversiones suscrito entre Bolivia y Gran Bretaña, bajo el Reglamento de Arbitraje de la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI).

ANF

Tomado de El Día

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