La delegación de la Defensoría del Pueblo en Santa Cruz abrió una investigación por el caso de la menor de 14 años que accedió a un procedimiento quirúrgico a las 26 semanas de gestación, pero que después se convirtió en un parto prematuro dando lugar al nacimiento de una bebé. En primera instancia, identificó dos vulneraciones a los derechos de la adolescente, en tanto la Gobernación cruceña inició una auditoría y la Fiscalía conoce el caso de oficio.

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La defensora del pueblo, Nadia Cruz, explicó que, según la información preliminar recibida, la menor fue vulnerada en sus derechos cuando acudió por primera vez a un hospital para un control médico y el personal de salud no le informó que “ella podía acceder a una interrupción del embarazo en el marco de la Sentencia Constitucional 0206/ 2014 que señala que en caso de violación es suficiente presentar la denuncia y la solicitud de la víctima”.

La segunda vulneración identificada por la Defensoría se da cuando no recibe “una intervención oportuna en el primer momento en el que la menor acude al hospital”. Según Cruz, la adolescente acudió a un centro médico a las 22 semanas de gestación para solicitar la intervención, pero no fue atendida. A su criterio, si el personal médico hubiera cumplido con lo que estipula la sentencia, esta situación se hubiera evitado.

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Según consta en documentación a al que accedió El Deber, el 30 de abril, una junta médica del hospital de la mujer, firmada por tres ginecólogos obstetras, informó que no era procedente realizar la interrupción, porque el tiempo para la interrupción del embarazo había excedido el término. Sin embargo, cuando la adolescente cumplió las 26 semanas de gestación fue intervenida en el maternológico Percy Boland, donde nació la bebé.

Ante este panorama, Cruz señaló que corresponde que el Ministerio Público abra una investigación de oficio para conocer los detalles del procedimiento al que fue sometida la menor, quien después prácticamente tuvo que dar a luz a una bebé de un kilo y 100 gramos que se encuentra en terapia intensiva y que ayer fue bautizada por la Iglesia católica como Victoria.

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También dijo que corresponde que el Estado vele por los derechos del recién nacido.

En tanto, el Servicio Departamental de Salud de Santa Cruz inició una auditoría para determinar el procedimiento médico que se realizó en este caso y hacer una representación ante el Ministerio Público.

Caso de violación

Richard P. Q. (43), el presunto autor de la violación y embarazo a la menor, fue aprehendido el 17 de abril y, dos días después, un juez dispuso su detención preventiva en la cárcel de Palmasola por el delito de violación agravada de infante, niña, niño o adolescente.

La segunda vulneración se da cuando no recibe una intervención oportuna.

OBLIGAN A MENOR A HACERSE CARGO

La hermana de la adolescente que fue víctima de violación y que después dio a luz a una bebé denunció ayer que la Defensoría de la Niñez está obligando a la menor a hacerse cargo de la recién nacida.

“Mi hermana de verdad es aún una niña, no entiende mucho lo que está pasando”, dijo.

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Otra de sus hermanas mayores que ayer vio por primera vez a la bebé expresó su interés de quedarse con ella.

APDHB PIDE DEFINIR PLAZO PARA LA INTERRUPCIÓN LEGAL

LOS TIEMPOS Y ANF

El vicepresidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos en Bolivia (Apdhb), Edgar Salazar, pidió a las autoridades establecer legalmente un plazo determinado para la interrupción del embarazo en casos de violación.

La Sentencia Constitucional 0206/ 2014 sobre la interrupción del embarazo en caso de violación no fija un límite en la edad de gestación para hacer la intervención.

“Deberíamos conformar un equipo multidisciplinario a nivel nacional, no solamente de médicos, activistas y defensores de los derechos humanos, de los niños para que trabajemos en un reglamento complementario en qué fases se debe interrumpir un embarazo”, destacó.

En esa misma línea se pronunciaron el Sedes de Santa Cruz, el Ministerio Público y la Iglesia católica .

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OPINIONES

“La Corte IDH ha señalado que las mujeres que han sido víctimas de violación no pueden ser obligadas por las instituciones a culminar un embarazo”. Nadia Cruz. Defensora del Pueblo.

“En mi opinión, perseguir a este médico como a otros que no han realizado un aborto no resuelve el problema de fondo de ninguna manera”. Susana Inch. Asesora Legal de la CEB.

“Pese a las circunstancias en las que haya sido concebida, es un ser humano que tiene derecho a tener una familia por la vía de la adopción”. Héctor Arce. Ministro de Justicia.

Los Tiempos

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