La Jueza Cuarto Anticorrupción de La Paz, Melina Lima, determinó hoy la detención domiciliaria, sin salida laboral, para el diputado opositor de Unidad Demócrata (UD) Amílcar Barral y detención preventiva en Chonchocoro para su asistente Marcelo G.. Ambos son procesados por presunta extorsión a privados de libertad en la cárcel de San Pedro.

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“Hemos demostrado que Patana vende celdas y todo eso, pero igual la Jueza ha decidido la detención domiciliaria y que no tenga salidas laborales, a pesar de que estoy protegido por el artículo 151 de la Constitución Política del Estado (CPE), saben que si faltó cinco días me sacan de la Cámara”, refirió el Diputado, luego de salir de su audiencia cautelar.

Además del arresto domiciliario, Barral también debe pagar una fianza de Bs 50 mil para cumplir las sustitutivas, mientras tanto continuará en celdas policiales. El Legislador opositor aseguró que el caso es político, que busca alejarlo de su curul.

Omar Durán, uno de los abogados de Barral, dijo que se apelará la decisión judicial para revertir el tema de la prohibición de las salidas laborales.

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El jurista explicó que la jueza dispuso que el asistente de Barral cumpla detención preventiva en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro, para evitar que obstaculice las investigaciones, puesto que en la cárcel de San Pedro están recluidos los privados de libertad vinculados al caso.

Al respecto, Barral informó que esa decisión también será apelada debido a que Chonchocoro es una cárcel de máxima seguridad y se teme que la seguridad de su asistente corra riesgo.

Barral y su asistente fueron aprehendidos el miércoles porque presuntamente pidieron dinero a los reos a través de un privado de libertad, que era su intermediario.

La Fiscalía imputó al diputado por los delitos de uso indebido de influencias, cohecho pasivo propio y extorsión; su asistente también fue procesado por los mismos delitos, pero en grado de complicidad.

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Según el reporte policial, el exalcalde de El Alto Edgar Patana, detenido en San Pedro, denunció que Barral realizaba cobros irregulares.

El diputado supuestamente enviaba a su asistente a recoger el dinero a la cárcel. Éste se contactaba con un privado de libertad, intermediario, quien bajaba su parte y le daba el dinero en un sobre, para que entregara a Barral.

La Policía asegura que sorprendió al asistente llevando el sobre a la oficina de Barral y es por eso que ambos fueron aprehendidos y procesados. Barral negó las acusaciones y calificó la denuncia como una represalia de Patana, miembro del MAS, porque en su condición de diputado hizo tareas de fiscalización a la venta de celdas en la cárcel.

“Yo en ningún momento he agarrado sobres. (Vienen) los policías (a mi oficina) diciéndome a usted viene este sobre, tiene que recibirlo, y todos (de la prensa) filmando y sacando fotos. Querían implicarme para hacer flagrancia, jamás ha habido eso”, manifestó el diputado horas antes de su audiencia.

Los Tiempos

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