PIntadas a favor de la liberación del ex presidente Lula. PILAR OLIVARES REUTERS

Lula da Silva, imputado por corrupción una vez más, esta vez por cobrar presuntos sobornos de la constructora Odebrecht. El juez Vallisney de Oliveira, de la Justicia Federal de Brasilia, aceptó la denuncia de la Fiscalía y junto al ex presidente brasileño, procesó a sus ex ministros Antônio Palocci (Economía) y Paulo Bernardo Silva (Planificación), además de a Marcelo Odebrecht, presidente de la empresa protagonista de uno de los mayores escándalos de corrupción de la historia reciente de Latinoamérica.

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Según la acusación, la empresa prometió a Lula, en el año 2010, 64 millones de reales (casi 15 millones de euros), un dinero que iría directamente a las arcas del Partido de los Trabajadores (PT). La empresa pedía como contrapartida que el estatal Banco Nacional del Desarrollo Económico y Social (BNDES) aumentara el valor de un préstamo millonario para el Gobierno de Angola. Después de la concesión de ese préstamo, la constructora brasileña, que había sido contratada por el país africano para ejecutar obras de infraestructura, se embolsó parte de los valores aportados por el banco.

El ex presidente brasileño está preso en una comisaría de Curitiba, al sur de Brasil, desde el 7 de abril de 2018, cumpliendo una condena de ocho años y diez meses por presuntos delitos de corrupción pasiva y blanqueo de dinero relacionados con otro caso: la recepción de un apartamento de la constructora OAS, también como presunta recompensa tras maniobrar para favorecer a esta empresa en contratos con Petrobras, el gigante estatal del petróleo. Lula asegura que es inocente y que todo forma parte de un complot; una persecución jurídica y mediática para acabar con su carrera política y evitar que volviera al poder en las elecciones de 2018, para las que partía como claro favorito, hasta que la Justicia anuló su candidatura.

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Pero lo cierto es que Lula tiene muchos frentes abiertos: con esta nueva imputación, Lula ya tiene dos sentencias condenatorias, una absolución y seis causas pendientes. La segunda sentencia (aún no ratificada) se refiere a la finca de Atibaia, una casa de veraneo propiedad de un amigo de Lula que él solía frecuentar con su familia los fines de semana y que fue reformada por Odebrecht y OAS. Por este caso, la Justicia ya le condenó en primera instancia a 12 años y 11 meses, y en breve saldrá la decisión de la corte de apelación, después de la cual, Lula ya tendrá que empezar a cumplir condena.

La nueva imputación de este jueves es un jarro de agua fría en una semana que comenzó bien para el líder del PT. El martes, la Fiscalía pidió que dejara la cárcel y pasara al régimen semi-abierto por haber cumplido ya una sexta parte de su condena. Lula podría trabajar durante el día y volver a la cárcel sólo para dormir, lo que sería un empujón crucial para que recupere sus aspiraciones políticas, que en ningún momento dio por enterradas.

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El Tribunal Superior de Justicia lo decidirá en las próximas semanas, pero el ex mandatario prefiere mantener la cautela. “No sé si voy a salir (…) No me gusta alimentar expectativas, no hay nada peor para un preso que una expectativa frustrada”, comentó en una entrevista con el Diario do Centro do Mundo divulgada este miércoles. Las posibles sentencias que puedan llegar a medio o largo plazo pueden alargar durante una buena temporada su estancia en prisión.

El Mundo

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