Luego de que la Justicia ordenara este jueves la detención domiciliaria del diputado opositor Amílcar Barral por una denuncia de extorsión, su defensa calificó como injusta esa determinación y, sobre esa base, pidió e a la Fiscalía la ampliación de las investigaciones, inclusive a autoridades de Régimen Penitenciario por permitir presuntas irregularidades al interior del penal de San Pedro.

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El legislador y su asistente, Henry Marcelo G. M. (enviado al penal de máxima seguridad de Chonchocoro), están sindicados de extorsionar en la cárcel de San Pedro al reo procesado por corrupción y exalcalde de El Alto Édgar Patana, en una operación en la que habría mediado otro reo identificado como Kevin Marcelo M. B.

Barral no tendrá derecho a trabajar y deberá pagar una fianza de Bs 50.000 que su familia comienza a colectar. Su abogado, Ricardo Maldonado, advirtió que su cliente corre el riesgo de perder su mandato en la Cámara de Diputados por faltar a sesiones.

El reglamento fija que si un legislador se ausenta a cinco sesiones consecutivas es dado de baja, recordó el presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda.

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“No hay la conformidad, no solo por lo que ha dictado la Justicia, sino porque resulta que reos de la cárcel de San Pedro que han cometido corrupción son víctimas como el caso del señor Patana. ¿De dónde tiene dinero? ¿Qué hace? ¿Por qué tiene celular? Esto pasa en San Pedro y no hay control de Régimen Penitenciario”, reclamó el también abogado de Barral, Omar Durán, en una entrevista con la red Unitel.

A su juicio, el denunciante y el reo que intermedió en el supuesto pago del dinero producto de una extorsión deberían también ser procesados por “cohecho activo”.

“¿Por qué la Justicia trabaja tan mal, por qué el Ministerio Público no hace una tarea eficiente?”, cuestionó Durán y luego anunció que “hemos pedido que se amplíen las investigaciones” contra el denunciante, el reo intermediario y las autoridades de Régimen Penitenciario.

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“¿Dónde estamos? Un director de Régimen Penitenciario que permite que los presos manejen (celulares), él de raíz debería cortar esta situación, podía hacer un trabajo eficiente. Entonces, acá tiene que haber un proceso administrativo contra el director de Régimen Penitenciario y tiene que pasar a un proceso penal posteriormente”, afirmó Durán.

El jurista alista la apelación a la decisión de la Justicia, aunque teme que el proceso sea parte de una vendetta política marcada por un año electoral.

La Razón

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