El desmonte ilegal de 22 mil hectáreas de tierras fiscales en San Ignacio de Velasco autorizadas por un exfuncionario de la Autoridad de Fiscalización y Control de Bosques y Tierra (ABT), que ahora es procesado, equivale a más de la tercera parte de la superficie de la reserva municipal San Ignacio.

Esta reserva, que tiene una extensión de 76.693 hectáreas, según datos del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, se caracteriza por ser una ecorregión de bosque amazónico y sábanas inundables del pantanal.

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El director de la ABT, Cliver Rocha, afirmó que las 22 mil hectáreas de desmonte en tierras fiscales aprobado a través de 2.096 resoluciones emitidas por el exresponsable de la Unidad Operativa de Bosque y Tierra de San Ignacio de Velasco, René  S. C. , a seis comunidades menonitas, representa un hecho de corrupción paradigmático, ya que el exfuncionario cobró al menos 300 dólares por cada resolución.

Estas actividades ilícitas se registraron entre las gestiones 2015-2018 que, según las estimaciones de la institución, generaron en toda la cadena productiva un movimientos económico de más de 6 millones de dólares.

Sin embargo, los actos de corrupción en el interior de la ABT no son una novedad para el alcalde de San Ignacio de Velasco, Moisés Salces. Pidió la reestructuración de la institución empezando por el director ejecutivo hasta el portero.

Salces considera que la superficie desmontada ilegalmente por la ABT supera las 22 mil, incluso aseguró que puede llegar a las 100 mil hectáreas en beneficio de empresarios productores de soya y de ganado vacuno.

Según Salces, la tecnología con la que trabaja la ABT permite controlar las actividades que se desarrollan en los bosques, por lo que sería imposible no advertir las actividades ilícitas que sucedían.

“Hoy es con desmontes, anteriormente era la venta de CFO (Certificado Forestal de Origen). Fue un escándalo grande la venta de documentación para poder sacar madera ilegal de los bosques”, mencionó el alcalde como antecedente.

Rocha manifestó que, al margen de René S. C., también  se investiga a exejecutivos de la ABT como el anterior director  Rolf Köhler y  a los funcionarios que se desempeñaban como sumariante nacional y como asesora de despacho.

René S. C., que se encuentra fuera del país, es procesado por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, beneficios en razón de cargo, incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias y deterioro-destrucción de bienes y riquezas del Estado.

Rocha no descartó que la lista de investigados en la ABT se amplíe.

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Más implicados

Rocha denunció a su asesora jurídica de desbaratar operativos en contra del desmonte ilegal en San Ignacio de Velasco y al auxiliar de la Unidad Anticorrupción de ser el recaudador de extorsiones, según Anf.

“Esa señora llamaba por teléfono, hacía volver comisiones, estaba a la expectativa de quienes iban a San Ignacio de Velasco”, señaló en contacto con Anf.

Consultado si la asesora jurídica saboteaba los operativos de la ABT desde el interior de la institución respondió que “no sólo saboteaba, es una palabra mayor, desbarataba, impedía que llegue las comisiones a los lugares donde se daban las denuncias”.

ALCALDE RECLAMA POR ASENTAMIENTOS

El alcalde de San Ignacio de Velasco, Moisés Salces, lamentó que el Instituto Nacional de Reforma Agraria haya otorgado resoluciones de asentamiento a 152 comunidades entre 2011 y 2019, situación que aumenta el índice de deforestación y genera consecuencias climáticas.

La autoridad dijo que hasta 2011 habían 158 comunidades provenientes del interior del país en este municipio chiquitano, pero que en los últimos ocho años aumentaron otras 152.

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“Lamentablemente, estamos sufriendo las consecuencias de este cambio climático porque en San Ignacio este año no llovió,  se están secando las represas por falta de lluvia y esto trae consecuencias graves al tema del medio ambiente”, agregó.

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