César Álvarez, el expresidente regional de Ancash (al noreste de Lima), ha sido condenado este martes por la tarde a ocho años y tres meses de prisión en un caso relacionado con Odebrecht. La juez lo ha declarado culpable de colusión agravada por haber realizado pagos ilegales con dinero público a la constructora brasileña que realizó la obra de una carretera y del túnel más alto del mundo, en la cordillera Blanca, a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar.

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El exgobernador estaba en prisión preventiva desde 2014, tras ser investigado por el homicidio de dos autoridades regionales y por asociación ilícita para delinquir. Además, ya había sido condenado a dos años de cárcel en 2018 por otros delitos de corrupción que cometió mientras ocupaba un cargo público entre 2007 y 2014. Es la primera condena en Perú por el caso Odebrecht, la trama corrupta de mayor envergadura en la historia de América Latina.

La investigación, a diferencia de los otros 40 expedientes de corrupción del caso vinculado con la firma brasileña, estuvo a cargo del fiscal anticorrupción Elmer Chirre, que empezó a investigar a Álvarez en 2015 por varios casos de fraude en el uso del dinero público. Chirre no es parte del Equipo Especial Lava Jato, pero mantuvo este caso ya que buena parte de sus averiguaciones se desarrollaron antes de que se crease el Equipo Especial.

La magistrada Nayko Coronado, de la corte especializada en delitos de crimen organizado y corrupción de funcionarios, impuso la misma pena —de ocho años y tres meses— a dos exgerentes del Gobierno regional, y otra de seis años a una exadministradora y al exfuncionario Benito Mauricio Chu, quien se fugó de la sala durante la lectura de la sentencia y fue capturado por la policía pocas horas después. Otros tres ex servidores públicos fueron sentenciados a cuatro años —aunque no se hará efectiva su prisión—, mientras que otros tres acusados de ser cómplices fueron absueltos.

Álvarez, conocido en su región como La Bestia, tendrá también que pagar 2,4 millones de dólares al Estado, mientras que los otros condenados deberán abonar 600.000 dólares entre todos. Durante la audiencia, la magistrada informó de que el juicio requirió de 256 horas y 70 sesiones, durante las cuales se revisaron 750 documentos, muchos de ellos peritajes de ingenieros de la constructora brasileña y expertos de la Contraloría.

Coronado aseguró que el juicio por el mejoramiento y construcción de la carretera Callejón de Huaylas-Chacas-San Luis se circunscribió solo a defraudación al Estado, ocurrida en la etapa de ejecución del contrato de la obra. El Gobierno Regional de Ancash tenía como proveedor a un consorcio formado por la constructora Norberto Odebrecht Sucursal Perú y Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción.

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Según las pruebas que presentó la Fiscalía y que la juez validó, el Gobierno regional benefició económicamente e ilegalmente a la corporación brasileña en cuatro ocasiones. “Esta judicatura llega al convencimiento de que ha existido disfuncionalidades o irregularidades meridianas, claras”, afirmó Coronado. “Ese dinero en poder del contratista ha tenido utilidades”, añadió.

El Estado pagó más de 46 millones de dólares al consorcio como adelanto para la compra de insumos “cuando no había ni terreno donde ejecutar la obra, ni supervisor, ni expediente técnico”, describió la magistrada. Luego, los funcionarios de Ancash favorecieron a Odebrecht autorizando ocho ampliaciones de plazo, que significaron pagos adicionales por 5,25 millones de soles, es decir, más de 1,5 millones de dólares.

2,6 millones de dólares en sobornos
A la constructora brasileña también se le entregaron más de 3,48 millones de dólares bajo el concepto de “prestaciones adicionales”, por unos supuestos “corrimientos de eje”; es decir, trabajos de excavación en los cerros, muchos de los cuales eran realizados en el mismo kilómetro una y otra vez, explicó la juez.

Odebrecht reconoció que pagó más de 2,6 millones de dólares en sobornos al entonces presidente regional Álvarez para obtener la concesión. Una declaración que se logró gracias a un acuerdo de colaboración eficaz con la empresa brasileña y la Fiscalía y la Procuraduría Pública Anticorrupción en 2017. La constructora, además, reconoció haber realizado lavado de activos y delitos de corrupción en los que participaron empleados suyos en complicidad con servidores del Gobierno Regional de Ancash.

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Al admitir que infringió la ley, la empresa aceptó pagar más de 19,6 millones de dólares en reparación civil al Estado, un monto que abonó entre 2018 y mayo de este año. El fiscal Chirre pudo corroborar parte de sus pesquisas en el interrogatorio que hizo en abril a Jorge Barata, el que fuera hombre fuerte de Odebrecht en Perú. Chirre probó que las primeras negociaciones ilegales del exgobernador de Ancash con representantes de la constructora brasileña, para dicha carretera, empezaron en 2007.

Tomado de elpais.com

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