Amnistía Internacional (AI) advirtió este jueves que autoridades bolivianas como el propio presidente del país, Evo Morales, amenazan y obstaculizan la labor de personas y organizaciones defensoras de derechos humanos.

“Autoridades del más alto nivel gubernamental en Bolivia, incluyendo al presidente Evo Morales y a su ministro de Gobierno, Carlos Romero, han acusado y amenazado públicamente a personas y organizaciones defensoras de derechos humanos, críticas de sus políticas”, alertó esta organización en un comunicado.

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La organización no gubernamental subrayó que estas autoridades actúan hacia los defensores de derechos “demonizándoles y obstaculizando su importante labor”.

“Es lamentable que en Bolivia el mismo presidente y sus ministros acusen y amenacen públicamente a quienes dedican sus vidas a proteger las libertades y derechos de las personas más vulnerables”, sentenció.

AI reclamó a Morales que reconozca públicamente la labor de estas personas y garantice “un espacio libre y seguro” para su trabajo.

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La organización elaboró un informe sobre “el uso de tácticas de intimidación y estigmatización contra las personas defensoras de derechos humanos y la situación de riesgo y censura” en el país.

El informe “Bolivia: Hostilidad contra personas defensoras de derechos humanos” forma parte del “Examen Periódico Universal de Bolivia ante las Naciones Unidas”, al que será sometido el país ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en noviembre de este año.

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El análisis destaca que en los últimos dos años el trabajo de defensores de derechos “conlleva más riesgos y su situación se ha deteriorado” en Bolivia.

Las declaraciones de algunas autoridades, “incluido el presidente, que ponen en entredicho el trabajo realizado por organizaciones nacionales e internacionales de la sociedad civil, suscitan dudas respecto al compromiso de Bolivia de proteger y garantizar el derecho a la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica”, añade.

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”Las políticas gubernamentales se están empleando para obstaculizar el legítimo trabajo de organizaciones de derechos humanos y deslegitimarlas”, señala.

En concreto, detalla amenazas desde el Gobierno para expulsar del país o intervenir las cuentas bancarias de quienes denuncian agresiones a indígenas y su entorno natural por industrias de hidrocarburos o abusos de fuerzas de seguridad en zonas cocaleras.

Otros pedidos al Gobierno boliviano son que garantice el derecho de pueblos indígenas a ser consultados sobre proyectos que puedan afectarlos y el fortalecimiento de la Comisión de la Verdad que investiga crímenes de las dictaduras militares de 1964 a 1982, para que se juzgue con rapidez a los sospechosos.

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AI reclama además la despenalización del aborto “en todas las circunstancias” y legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo en Bolivia.

Amnistía Internacional tiene en marcha una campaña de apoyo a activistas de derechos humanos en Bolivia, en colaboración con el Centro de Documentación e Información, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos y la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas, Campesinos y Áreas Protegidas del país.

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