Página Siete  / La Paz

La responsable de la Unidad de Recursos Humanos del Ministerio de Defensa, Tatiana Terceros Cortez, tiene abiertas dos causas penales en su contra, una  por falsedad material y otra por uso de instrumento falsificado. Además enfrenta una demanda civil por ejecución coactiva de sumas de dinero. También tiene antecedentes penales por robo agravado.

Página Siete buscó la versión de la funcionaria. Solicitó insistentemente   una entrevista con la aludida para escuchar su versión ante las denuncias; sin embargo, no hubo respuesta.

Funcionarios y exfuncionarios de esta cartera denuncian que Terceros es quien está detrás de la “masacre blanca” que tiene lugar en el Ministerio de Defensa, donde la represalia -aseguran- cada vez es mayor.

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“Ella maneja todo lo que es (el área de)  recursos humanos, el personal. Ella es la que está haciendo esta masacre y no hay quien la frene. Tatiana Terceros está pasando sobre la MAE (Máxima Autoridad Ejecutiva)”, explicó Simón  (nombre ficticio de un exfuncionario, quien pidió mantener su nombre en reserva por seguridad).

“Ahora han aumentado las represalias.    Continúan los retiros. Estos últimos días han destituido a personas de todas las áreas”, denunció por su parte Ernesto  (nombre ficticio).

Según un documento oficial del Ministerio de Defensa al que tuvo acceso Página Siete, entre el 9 de mayo y el 1 de junio, 16 funcionarios han sido retirados de sus cargos por diferentes motivos. Según esta información  firmada por Terceros, ocho de las personas han sido retiradas por razones que no se especifican; cuatro por motivos de jubilación, y las  otras cuatro han renunciado a sus puestos, entre ellas  la jefa de gabinete del despacho ministerial.

“La ilegalidad es extrema. En este ministerio están jubilando de forma forzosa. Han convertido la jubilación en un castigo, después de tantos años de servicio”, dijo uno de los afectados.

“Hay mucha gente que está renunciando, pero no sé el porqué. Creo que es por el hostigamiento”, dijo otro denunciante.

Estas personas también acusan a Terceros de nepotismo. Según declararon, en esta institución  gubernamental se están creando cargos jerárquicos para  parientes y allegados.

“Todo es un clan familiar y político. Todos sus familiares (de Terceros) están ocupando altos cargos. Hay mucha presión y mucho abuso de poder y la que está jalando a todo esto es Terceros”, manifestó Ernesto Vargas.

Terceros, quien tiene en su historial antecedentes penales por robo agravado y fue imputada por un supuesto uso de instrumento falsificado para ejercer sus funciones en la Alcaldía en  2008.

En el 2013, la exrectora de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), Teresa Rescala, presentó una denuncia contra Terceros y otros siete funcionarios municipales por el supuesto uso de títulos profesionales falsos. No obstante, los denunciados siguieron trabajando en el gobierno municipal. La Alcaldía también denunció el caso.

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El 8 de noviembre de 2016 se emitió la imputación contra Terceros y otros dos funcionarios.  A raíz de que hubo dos denuncias por el mismo caso, hubo un rechazo por parte de la Fiscalía a una de las dos imputaciones, pero ese rechazo fue apelado y continúa en trámite. En abril de 2018  la fiscal solicitó medidas cautelares de carácter personal contra Terceros, como su  detención preventiva en el penal de Obrajes.

 El uso de un documento falso es un delito que está descrito en el capítulo del Código Penal, Falsificación de Documentos en General. Por esta razón, Terceros tiene otro proceso penal.

Según los documentos del cuaderno de investigaciones a los que tuvo acceso Página Siete, Terceros obtuvo un  título original de licenciada en administración de empresas de la UMSA  en junio de 2017. Cuando este documento fue remitido por el Ministerio de Defensa a la universidad, para su verificación -en julio de 2018- la casa superior de estudios   informó que si bien el título era verdadero había  un proceso  penal abierto  contra Terceros por  uso de instrumento falsificado y otros. En su informe añadió que también había una   imputación formal.

Terceros también encara un proceso civil por ejecución coactiva (incumplimiento de un pago) de sumas de dinero tras una denuncia interpuesta a finales de 2017. Por este caso también están demandados su hermano F. T. C. y la actual funcionaria del Ministerio, Ninnet Zárate Armijo.

Denuncian caso de nepotismo

“Una de las parientes de Terceros que entró recién es Ninnet Zárate, su cuñada. Ella es la secretaria de Unidad de Comunicación Social”, reveló una de las fuentes.

“Paola Cortez Inchausti es la jefa de la Unidad de Informática. Dicen que es sobrina de Tatiana Terceros. Cuando ella vino destituyeron al anterior ingeniero y la metieron a ella”, continuó.

La fuente recuerda al ingeniero como alguien “muy bueno, muy educado, muy sociable”. “Y de repente meten a esta persona medio soberbia. Están usando el látigo entre toda la familia”, criticó.

También mencionó a Reynaldo Vila Guachalla, quien sería el  actual responsable del Sistema de Organización Administrativa (SOA).

“Tatiana Terceros también tiene parentesco con él. Vila está casado con otra sobrina de Terceros”, detalló. “Tatiana  es la que los mete a todos”.

El denunciante definió a Terceros como una persona “agresiva” y “soberbia” que “controla al personal para ver si va con el uniforme, si no lo hacen los amenaza con memos y despidos”.

  “La masacre blanca”

“Nunca se hizo una masacre blanca como ésta de la gestión de Javier Eduardo Zavaleta. Todo el mundo anda con  temor”, expresó uno de los denunciantes.

Otro de los entrevistados, por su parte, explicó que el retiro de funcionarios públicos del ministerio de Defensa no viene acompañado de un preaviso, sino que es “de un día para otro”.

“Cuando echan a los funcionarios no hay justificativo, solamente agradecimiento. Y todo es sorpresivo, nos echan de un día para otro y nadie hace nada. En el tiempo que yo estuve, vinieron políticos, vino algún cambio de gestión, y otros salieron porque cada uno venía a hacer su masacre blanca con su partido. En estos meses en los cuales vuelan los despidos, solamente recibes agradecimiento por los servicios prestados y nada más”, atestiguó.

Una de las fuentes explicó que las suplencias se están llenando con gente afiliada al Movimiento Al Socialismo (MAS) y con otras que antes pertenecían al Movimiento Sin Miedo (MSM), partido político que fue fundado y dirigido por el exalcalde de La Paz, Juan del Granado, y por el que Zavaleta fue diputado.

 “La gente nueva que está entrando es afín al MAS o al MSM, pero no cumplen con los perfiles profesionales exigidos”, aseveró.

Otro denunciante, quien se define como una persona “apolítica”, mostró su carnet de militante del MAS y reconoció haberlo hecho por mantener su puesto de trabajo. Denunció que todo el personal del ministerio fue obligado a afiliarse al partido.

Éste pidió que se aclaren las destituciones y cuestionó la inacción del ministro de Defensa, Javier Zavaleta, ante unos hechos que no hacen más que  “manchar” su imagen.

“Él (Zavaleta) podría cuidar su imagen, eso hacían otros ministros cuando había alguna falencia: llamaba a recursos humanos para que rindieran cuentas. Pero ahora no es así”, sostuvo.

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“Pregonan que esto es limpio, cero corrupción, pero mire, tenemos más discriminación. ¿Acaso no todos somos iguales ante la ley?”, cuestionó  en alusión a los procesos abiertos contra 11 de sus compañeros del ministerio de Defensa por supuestamente estar  implicados en la falsificación de títulos de bachiller y de estudios superiores. “Y ella con un proceso”, dijo refiriéndose a Terceros.

Petición de informe aún no ha sido remitido 

 La Petición de Informe Escrito (PIE) que diez  diputados de la oposición  solicitaron al ministro de Defensa, Javier Zavaleta, el pasado 30 de mayo continúa en la asamblea.

La petición de informe sobre las supuestas irregularidades que se cometen dentro de esa institución fue acompañada por 14 preguntas.  Entre ellas, los diputados solicitan información del cobro obligatorio del 5% a los funcionarios de esa cartera como “aporte” político, tal como denuncian algunos funcionarios y exfuncionarios.  Asimismo, piden conocer el número de retirados desde el comienzo de la gestión de Zavaleta (2018-2019) y la lista completa de los nuevos funcionarios  .

La diputada Mikaela Nina, una de las signatarias, duda de que el presidente de esa cámara, Víctor Borda,  llegue a remitir la petición.

 “Hay otros que están en el escritorio del presidente y les ponen mil excusas para no enviarlo”, sostuvo.

¿Qué  dicta la norma?

  • Falsificación de documentos El capítulo tercero del Código Penal, Falsificación de documentos en general, en su artículo 198 establece que comete el delito de falsedad material: “El que forjare en todo o en parte un documento público falso o alterare uno verdadero, de modo que pueda resultar perjuicio, incurrirá en privación de libertad de uno a seis años”.Respecto al uso de instrumento falsificado, el artículo 203 del Código Penal dispone: “El que a sabiendas hiciere uso de un documento falso o adulterado, será  sancionado como si fuere autor de la falsedad”.
  • Figura de nepotismo El Estatuto del Funcionario Público de Bolivia establece en el inciso   “l” del artículo 8 (deberes): “Excusarse de participar en los comités de selección de ingreso de funcionarios de carrera, cuando exista con los postulantes vinculación o grado de parentesco hasta tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive”.El epígrafe 3 del artículo 236 de la Constitución Política del Estado (CPE) prohíbe a los funcionarios “nombrar en la función pública a personas con las cuales tengan parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad.

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