Los trabajadores de la Caja Nacional de Salud (CNS) cumplen este martes el segundo día de paro de actividades en medio de críticas de los directivos y de los usuarios. Pese a ello, advierten con radicalizar sus medidas inclusive con un paro indefinido si el Gobierno no atiende sus demandas, entre ellas la destitución del gerente general de la entidad, Juan Carlos Meneses, quien descartó su renuncia.

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El sector rechaza la vigencia de la Ley de Prioridad Nacional de Desarrollo de la Caja Nacional de Salud (CNS) promulgada el lunes y que viabiliza el uso de recursos económicos para la construcción de 67 nosocomios, entre ellos 10 hospitales, cuyo trámite demoraba por la burocracia hasta unos 15 años.

Los trabajadores denunciaron que el proyecto será financiado con el fondo de los beneficios sociales de los trabajadores de la  CNS, un extremo que fue descartado por Meneses.

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La norma va en beneficio de sus asegurados, que suman más de tres millones, aseguró el Gobierno, porque ahora los proyectos serán a través de contratación directa y “llave en mano” para garantizar una mejor cobertura y llegar a regiones donde no hay ningún tipo de servicios de la CNS.

“Rechazamos la ley porque no nos han hecho partícipes. No es diálogo lo que queremos, lo que pedimos es participación. Conocemos nuestra realidad, sabemos dónde debemos edificar hospitales y centros integrales de salud”, señaló este martes la secretaria de Relaciones a Federación de Sindicatos Médicos y Ramas Afines (Fesimra), Nancy Pereira, en la red Uno.

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Asimismo, apuntó que el plan de edificación está programado “en lugares donde no existe suficiente cantidad de asegurados” y no se tomaron en cuenta regiones como Guayaremín, región en la que, dijo, la mitad de la población es asegurada.

En esa línea, observó la falta de medicamentos básicos como el ibuprofeno y la desatención del Hospital Obrero de La Paz que tiene muchas carencias de infraestructuras.

“Rechazamos la promulgación de la ley porque no ha sido con la participación de nosotros y tampoco ha estado personal capacitado y nosotros en contra de aquello y estamos pidiendo la renuncia del gerente debido a que hace este trabajo es político, partidario y preelectoral”, insistió la funcionaria.

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Meneses replicó, en otra entrevista en la misma red de televisión, la “necesidad” ha sido trabajada “desde las bases” puesto que el personal que elaboró el proyecto está afiliado al Fesimra y “no es alguien que por medidas electorales se haya contratado”.

El sector evaluará la medida de presión y en los próximos días “buscará a las organizaciones afines” para asumir nuevas medidas de presión “de acuerdo a su realidad, ya sean mítines, bloqueos”, sostuvo Pereira.

“Si no se adoptan estas medidas, de aquí a 10 años vamos a estar en la misma situación que actualmente está en América Latina, en riesgo”, advirtió Meneses tras aclarar que no renunciará a su cargo.

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“No tengo por qué renunciar si estoy haciendo un trabajo técnico. Al contrario, me gustaría que ellos me demuestren con documentos cómo pone en riesgo la seguridad social, que me demuestren que no existen asegurados, como manifiestan”, desafió el directivo.

La Razón

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