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El ministro de Comunicación venezolano, Jorge Rodríguez, dio este lunes más detalles sobre un supuesto entramado de corrupción que vincula a los enviados a Colombia del diputado opositor Juan Guaidó para atender el tema de la “ayuda humanitaria”.

Rodríguez recordó que en marzo pasado el Gobierno de ese país denunció una “gigantesca trama de corrupción” con dinero enviado a Cúcuta, ciudad fronteriza capital de departamento de Santander Norte, para presuntamente contratar a un grupo de mercenarios colombianos y centroamericanos que atentarían contra la vida de líderes políticos, militares y magistrados venezolanos, para causar desestabilización.

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El también vicepresidente sectorial de Comunicación afirmó que este entramado, que habría sido organizado por el partido de derecha Voluntad Popular (VP), fundado por el dirigente opositor Leopoldo López, “ya aparece en medios de la extrema derecha”, con referencia a una investigación periodística de PanAm Post publicada recientemente sobre la supuesta apropiación de fondos para la “ayuda humanitaria” por parte de los representantes Guaidó en Colombia.

Capturas de celular

Luego de que Roberto Marrero, colaborador del diputado Guaidó, fuera detenido por cuerpos de seguridad venezolanos, por su presunto nexo con “una célula terrorista” desmantelada, el Gobierno de ese país mostró a los medios de comunicación una serie de capturas de mensajes entre varios contactos hallados en el teléfono del detenido.

Rodríguez refirió que Rossana Barrera y Kevin Rojas, militantes VP, mantuvieron conversaciones telefónicas por WhatsApp con Marrero donde quedó en evidencia el movimiento arbitrario de los fondos para la presunta “ayuda humanitaria” enviada a Colombia, que podía ser de entre 75.000, 300.000 y 700.000 dólares diarios.

“La señora Rossana Barrera hacía pasar a personas con antecedentes penales o que vivían en Perú como militares desertores para obtener fondos. Se tienen que investigar a la señora Barrera y a su jefe Guaidó”, dijo el ministro venezolano.

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Migración Colombia ha afirmado que en ese país se encuentran unos 1.400 militares que cruzaron la frontera tras el ingreso fallido de “ayuda humanitaria” desde finales de febrero.

Situación en la frontera

El ministro venezolano responsabilizó a los dirigentes de VP, Gabriela Arellano y José Manuel Olivares, de dirigir acciones de “terrorismo, agresión y sicariato en la frontera”, que se desarrollaron tras el intento de ingreso de “ayuda humanitaria” desde Colombia, por parte de Guaidó, el pasado 23 de febrero. Ese día, militares desertores tomaron vehículos blindados y rompieron el cerco fronterizo y más tarde, un grupo de opositores venezolanos incendiaron un camión con supuestos insumos y generaron disturbios en la línea limítrofe entre ambos países.

Según los datos que maneja Rodríguez, Arellano y Olivares fueron sustituidos por Barrera y Rojas, quienes se encargaron de realizar “este gigantesco robo” utilizando la “supuesta atención de militares desertores y la llamada ayuda humanitaria”. “La intención era invadir a Venezuela por nuestra frontera y acabar con el Gobierno”, agregó.

El ministro venezolano acusó al autoproclamado “presidente encargado” de “robar los recursos de cualquier empresa venezolana en el extranjero, en complicidad con los gobiernos de Colombia, EE.UU. y Argentina”, que presuntamente son transferidos a cuentas de miembros de su partido político.

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Sobre la reacción oficial de Bogotá ante estas irregularidades que el propio secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, pidió investigar, Rodríguez se preguntó la razón por la cual el Gobierno venezolano ha podido acceder a las pruebas de lo ocurrido con los diputados opositores en Cúcuta y las autoridades colombianas no.

“Festín de corrupción”

Más tarde, durante un encuentro con parte de su gabinete ministerial, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, calificó las denuncias como un “festín de corrupción” que protagoniza la oposición venezolana con recursos suministrados por el Gobierno de EE.UU.

RT

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