La Corte Suprema argentina quiere acabar con el abuso en la utilización de las escuchas telefónicas y cree que la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), el servicio de espionaje de la República, está detrás de las abundantes filtraciones ilegales a la prensa. En una decisión unánime, los jueces supremos piden al conjunto de los magistrados que no utilicen a la AFI en sus investigaciones y recuerdan que el uso indiscriminado de las escuchas, y su posterior difusión, “afecta la confiabilidad de todo el sistema”.

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El alto tribunal tercia de esta manera en la “guerra sucia” abierta en el sistema judicial argentino tras las denuncias por presunto chantaje contra el fiscal Carlos Stornelli, que dirige la “causa de los cuadernos” por presunta corrupción masiva de Cristina Fernández de Kirchner y otros dirigentes políticos peronistas.

Alejo Ramos Padilla, juez federal de Dolores, abrió en febrero una causa contra el fiscal Carlos Stornelli a raíz de una denuncia del industrial Pedro Etchebest. Según el denunciante, un espía que se hacía pasar por abogado y agente de la DEA (agencia antidrogas de Estados Unidos), Marcelo D´Alessio, le había chantajeado en nombre de Stornelli. D´Alessio exigió 300.000 dólares a Etchebest a cambio de que el fiscal Stornelli no le incluyera en un sumario. Stornelli, que hasta el momento se ha negado a declarar ante el juez Ramos Padilla, a pesar de varias convocatorias, es una pieza fundamental en la causa más relevante abierta contra la ex presidenta Fernández de Kirchner.

El gobierno de Mauricio Macri, a través de sus operadores judiciales, intentó apartar del caso al juez Ramos Padilla, al que tildó de kirchnerista, pero la Corte Suprema respaldó al juez. Entonces empezaron a filtrarse escuchas telefónicas que parecían demostrar que varias personas cercanas a Cristina Fernández de Kirchner, como el ex embajador ante el Vaticano Eduardo Valdés, conocían los detalles del “caso Etchebest” incluso antes de que se formalizara la denuncia y lo utilizaban para desacreditar al fiscal Stornelli con el objetivo de hacer descarrilar la “causa de los cuadernos”. Era la denominada Operación Puf, por una expresión utilizada por Eduardo Valdés durante una conversación telefónica con Pablo Schiavi, antiguo secretario de Transporte, grabada por orden judicial el pasado 18 de enero: “Va a haber novedades, quédate tranquilo. Operativo Puf: Bonadío [juez de la causa de los cuadernos], puf, Stornelli, puf”.

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Entre el juez Claudio Bonadío, enemigo declarado de Kirchner, y el fiscal Carlos Stornelli, respaldados por el gobierno, de un lado, y el juez Alejo Ramos Padilla, jaleado por el kirchnerismo, de otro, se abrió una guerra sin cuartel. Las filtraciones se multiplicaron. Se difundió una grabación en la que el empresario Lázaro Báez, juzgado junto a Cristina Fernández de Kirchner y el ex ministro Julio de Vido por supuesta corrupción en la adjudicación de obras públicas en la provincia de Santa Cruz, parecía decir que había administrado fondos ilícitos para el fallecido ex presidente Néstor Kirchner: “Todo lo que tuve es de una persona que está arriba y me lo dio para que lo administre”.

Lo más alarmante, en el caso de Lázaro Báez, era que las grabaciones incluían presuntamente conversaciones con sus abogados. El pasado 5 de junio, la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) expresó en un comunicado su “profunda preocupación ante la divulgación, en medios y programas periodísticos, de conversaciones telefónicas grabadas a personas detenidas, y mucho más si éstas hubieran sido mantenidas con sus abogadas o abogados defensores”. Aunque las grabaciones tuvieran autorización judicial, dijo la FACA, “conformarían violaciones al ejercicio del derecho de defensa y secreto profesional”.

El uso de espías como el oscuro Marcelo d´Alessio por parte de fiscales como Carlos Stornelli (la relación entre ambos está probada, hubiera o no intento de chantaje) es una práctica antigua e inquietante, que la Corte Suprema intenta ahora poner bajo control. El uso político de las grabaciones difundidas de forma ilícita es otro problema grave, subrayado el 19 de mayo por un Relator Especial del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU que examinó la situación en el sistema judicial argentino.

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Las filtraciones interesadas a la prensa pueden provenir de dos organismos: la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco), que supervisa las grabaciones, y la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). La Dajudeco elevó a la Corte Suprema una nota en la que aseguraba cumplir “los protocolos de actuación” y la “cadena de custodia” de las grabaciones. Los altos magistrados parecen creer en la integridad de la Dajudeco y sospechan de la AFI, heredera de la SIDE profusamente utilizada por la dictadura militar, como autora de las filtraciones. La Corte Suprema quiere que la Comisión Bicameral de Inteligencia del Congreso “certifique” que la AFI abandona las prácticas de espionaje ilegal.

Tomado de elpais.com

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