“Este proyecto de ley tiene varios errores y violaciones a la Constitución Política del Estado (CPE)”; con esas palabras empezó la entrevista el abogado constitucionalista Luis Vázquez Villamor, con EL DIARIO, a tiempo de aclarar que la democracia a cambio de impunidad no funciona, como quieren hacer creer algunos legisladores del Movimiento Al Socialismo (MAS).
La madrugada del viernes, el MAS aprovechó su mayoría en la Cámara de Diputados para aprobar en grande y detalle con más de dos tercios, el proyecto de ley que es cuestionado por ser considerado como un intento de buscar la impunidad de Evo Morales y otras exautoridades, por lo cual la presidenta Jeanine Áñez ya adelantó que lo vetará.
Vásquez manifestó que el primer sinsentido de este proyecto de Ley de Garantías Constitucionales (LGC) es el nombre, ya que ninguna ley puede estar por encima de la CPE donde ya están garantizados los derechos fundamentalísimos de las personas.
“Es como una pirámide de Kelsen y pone en el vértice superior a la CPE, lo que significa que es la norma suprema del Estado, es la que se aplica por encima de toda norma y sin necesidad de una norma que la regule, es de aplicación directa progresiva, humanitaria y tiene el objetivo de garantizar el cumplimiento del Estado de Derecho”, explicó.
En ese marco dijo que el pretender que haya una ley que garantice el cumplimiento de garantías de constitucionales, es absurdo ya que es como querer que un temiente del Ejército quiera garantizarle al Comandante en Jefe de que se van a cumplir sus decisiones, por lo que es totalmente absurdo.
CONCEPTOS ERRADOS
El jurista explicó que el proyecto de LGC tiene tres conceptos errados, que solamente busca una amnistía para los expresidentes, transferir las funciones de inviolabilidad para todos los funcionarios del gobierno y pretende eliminar la detención preventiva.
“El primero es el tema de la pretendida intención de transformar un juicio de carácter penal por un juicio de carácter disciplinario. La CPE le da a la Asamblea Legislativa (AL), la potestad de investigación, persecución y acusación penal al Presidente y Vicepresidente de la República, los demás como Ministros u otros funcionarios, tienen que ir a la jurisdicción ordinaria. En el caso del Presidente y Vicepresidente, la CPE garantiza que la AL, debe realizar la primera parte del juicio de persecución penal sin el cual no se puede ir nunca a juicio”, explicó.
Lamentó que el texto, principalmente el artículo 7, sea de difícil comprensión para el ciudadano, ya que se tienen que hacer remisiones legales, para entender el sentido de la misma.
“Artículo. 7 (Garantías constitucionales). I. se reafirman las garantías establecidas en el artículo 161, numeral 7 de la Constitución Política del Estado, el parágrafo I del artículo 2 y el artículo 12 de la ley 044 modificada en parte por la Ley Nº 612 ley para el Juzgamiento de la Presidenta o Presidente y/o Vicepresidenta, Vicepresidente, de altas autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura, Tribunal Constitucional Plurinacional y del Ministerio Público, hasta la promulgación de la ley.
II. los órganos del estado, Ministerio Público, Policía Boliviana y Fuerzas Armadas garantizarán a las o los asambleístas de la asamblea legislativa plurinacional que no serán objeto de persecución judicial o acciones de hecho, garantizando la inviolabilidad de su domicilio, en estricto cumplimiento a lo establecido en los artículos 151 y 152 de la constitución política del estado”, parte textual del proyecto de LGC.
En ese marco dijo que lo que quieren hacer los legisladores del MAS es aplicar la misma ley que han aprobado para juzgar al exmagistrado Gualberto Cusi, quien fue objeto de una acusación por el delito de prevaricato, sin embargo, sostuvo que solo querían sacarlo de sus funciones y como tenían la presión de la CIDH cambiaron el juicio penal y lo volvieron juicio disciplinario.
“Como Cusi se encontraba enfermo, los médicos dijeron que no se lo podía someter a un juicio porque eso amenazaba su vida, porque estaba en pleno tratamiento y como la AL, por instrucciones del MAS tenía que juzgarlo y sacarlo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), insistieron en el juicio. Nosotros demandamos este intento ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quienes les advirtieron que ese juicio no se podía llevar adelante, pues se ponía en riesgo la vida de la persona y eso es un valor supremo del ordenamiento jurídico, entonces para evitar decir que el juicio iba a terminar con una condena en la cárcel, con lo cual se le habría condenado a muerte, cambiaron el juicio y dijeron que ya no era penal sino disciplinario cuyo único objetivo era separarlo de la función. En el caso de Cusi le dieron una pena de separación de funciones, ese era su objetivo separarlo de sus funciones, para que luego de apruebe la sentencia que habilitaba a Evo Morales y Álvaro García para una reelección inmediata”, explicó.
En ese contexto, manifestó que lo que pretenden ahora los legisladores del MAS es hacer lo mismo con el Presidente y Vicepresidente, a través de ese proyecto de ley.
“Lo que quiere decir que la AL abdica del poder penal que le da la CPE porque la CPE le da un poder penal, limitado en relación a las personas, es decir, solo se refiere al Presidente y Vicepresidente y no habiendo un juicio por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones, prácticamente 14 años del mandato quedan cubiertos por un manto de impunidad, o sea nunca se los va a poder juzgar por cualquiera fuera el delito que se les quiera seguir”, lamentó.
Explicó que de promulgarse la LGC, se impediría que haya antecedentes para una demanda penal internacional
“La CPE cuando habla de las atribuciones de la AL dice de manera clara que estas atribuciones se refieren al juzgamiento del Presidente o Vicepresidente por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones, no dice por faltas disciplinarias y eso habla de la jurisdicción penal, de la persecución penal y de las investigaciones y sanciones de estos delitos”, lamentó.
SEDICIÓN
El jurista recordó que en días pasados se descubrió un audio en que el expresidente Evo Morales instruye a un exdirigente cocalero a cercar las ciudades y una serie de acciones de carácter violento, que podían traer consecuencias graves, como lo que pasó en Senkata, que estaban a 50 metros de hacer explotar los yacimientos de gas, con lo que miles de personas habrían muerto.
“Sabiendo todo eso, quieren evitar el juicio, por eso ponen la inviolabilidad ¿y qué es eso?, es el derecho de expresión que tienen los parlamentarios en no ser llevados a juicio por lo que dicen, que serían delitos de palabra. Sin embargo, hay delitos más graves y leves, un leve puede ser la calumnia, injuria; empero lo de Evo Morales, es grave porque el instruir y ordenar a que se lleve adelante un delito, está comprendido en el tema de terrorismo. Quieren decir que es inviolable, o sea quieren extender la inviolabilidad a todo mundo, no solo a los parlamentarios. La CPE les reconoce a los parlamentarios porque tienen que hacer uso de la palabra para denuncias y otros, por eso la CPE les protege, no al resto y quieren extender eso a otros”, explicó.
INMUNIDAD
Vásquez Villamor manifestó que la CPE dice que los parlamentarios no serán objeto de una medida de detención preventiva, o sea que no hay inmunidad, pero tampoco tienen detención preventiva.
“Eso quiere decir de que si les hacen un juicio no los podrán llevar con detención preventiva, con lo que el juicio penal pierde el carácter de amenaza penal que debería tener en estos casos”, apuntó.
VERGÜENZA
El jurista manifestó que Bolivia está frente a una ley de “vergüenza” porque tiende a exculpar a gente que por 14 años en ejercicio de sus funciones fue depredatorio donde hubo muertes, robos, y de todo.
“Ahora quieren decir que no ha pasado nada, alguna gente de buena fe, pero equivocados, como la Iglesia Católica o los embajadores de la Unión Europea dicen que esto va a ayudar a pacificar el país y yo les digo que democracia a cambio de impunidad no funciona”, apuntó.
Manifestó que la democracia se consolida la paz y ésta solo cuando hay justicia, no cuando hay impunidad. “O sea la paz está en la justicia”, refirió.
PRECEDENTES
Para el jurista es importante sentar precedentes como cuando en Bolivia se decide seguir juicio contra el general Luis García Mesa y Luis Arce Gómez que fueron condenados y pasaron 30 años en la cárcel por todas las atrocidades que cometieron en su Gobierno.
“Han pasado casi 50 años de ese momento, nunca más las Fuerzas Armadas han querido hacer un golpe de Estado, porque podrían terminar como terminaron García y Gómez. Eso demuestra que la justicia puede sentar precedentes democráticos fuertes para que no se vuelvan a dar esos hechos. Un ejemplo contrario es la amnistía que otorgó Carlos Mesa a Evo Morales y su gente, en los hechos de octubre negro, ellos han asaltado, quemado, violado y los han perdonado y ¿qué ocurrió? que vuelve a pasar eso en pocos años, con eso nos podemos dar cuenta que la impunidad vestida de inmunidad no resuelve nada, si quiere paz a largo plazo es con justicia y esta no es persecutoria por razones políticas, ni es venganza, ni es odio, la justicia es justicia. Porque cuando se hacen juicios justo como a Luis García Mesa sientas un precedente que sirve para mucho tiempo, y si haces lo contrario dando amnistía, indultos y otros, en el fondo estás diciendo a la gente que pueden delinquir, mañana en una negociación política vamos a resolver y no los vamos a perseguir, entonces eso no asienta la paz. Sería un pésimo antecedente político y democrático”, finalizó.
El Diario
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