Cuatro de los seis exmagistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) acudieron este jueves a la Fiscalía para declarar por la denuncia que pesa en su contra por haber aprobado la sentencia que determina la reelección indefinida en Bolivia. Dos de ellos pidieron a la Fiscalía que antes de continuar con sus investigaciones definan si tienen o no competencia para investigarlos.
El primero en presentar su declaración informativa fue el exmagistrado Oswaldo Valencia, quien dijo que se someterá a la investigación. Antes de su declaración, presentó un memorial en el que hace conocer su apersonamiento a la declaración pese a que fue citado telefónicamente.
Valencia aclaró que tras presentar su declaración ya no puede hablar sobre el caso, sin embargo reiteró que el fallo 084/2017 está basado estrictamente en las leyes y la Constitución Política del Estado, además de los convenios internacionales de los que es parte Bolivia.
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En la tarde, Rudy Flores y Neldy Andrade pidieron a los fiscales definir la competencia del Ministerio Público para procesarlos, porque ambos consideran que el juez natural es la Asamblea Legislativa para iniciarles un juicio de responsabilidades en su condición de exautoridades del control constitucional.
“Hemos presentado las excepciones de falta de competencia ante los tribunales y ante la misma Asamblea Legislativa Plurinacional para que se corrijan procedimientos y que estos juicios -como señala la Constitución y el Tribunal Constitucional en varios fallos- se asuman por la Asamblea que es la instancia que debe llevar adelante las investigaciones y determinar si existe o no responsabilidad sobre los hechos que se les atribuyen a ex magistrados”, afirmó Flores.
Andrade dijo que se abstuvo de declarar por ahora. Ratificó que se hizo la observación de que el Ministerio Público es incompetente para llevar adelante la investigación.
La exmagistrada Mirtha Camacho también se presentó ante la Fiscalía, mientras que los ausentes fueron Macario Lahor Cortez y Zenón Bacarreza. La Fiscalía no informó sobre la situación de ambos.
La denuncia fue presentada por Roberto de la Cruz, exdirigente de El Alto; Gualberto Cusi, exmagistrado del TCP y el abogado Williams Bascopé por el delito de Resoluciones Contrarias a la Constitución y las Leyes por haber avalado la reelección indefinida de Evo Morales y Álvaro García Linera.
El Legislativo rechazó instaurar un juicio de responsabilidades porque ya cesaron en sus funciones y derivó la denuncia a la Fiscalía, que asumió competencia e inició la investigación.
La Razón
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