En los últimos 32 años, las autoridades federales de Estados Unidos han aplicado la pena de muerte en tres ocasiones. Ahora, en apenas seis semanas entre julio y agosto, prevén ejecutar a cuatro presos condenados a la pena capital.
Será la primera vez en 17 años que la justicia a nivel federal lleve a término este tipo de castigo, cuya aplicación se ha vuelto extremadamente rara.
En 1972, la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la pena de muerte por considerar que equivalía a un castigo cruel e inusual debido a la manera arbitraria como se llevaba a cabo.
Pero dejó la puerta abierta a su aplicación si había un cambio en los procedimientos que hasta entonces perjudicaban a los pobres y a las minorías.
Tras hacer modificaciones a sus estatutos de aplicación, muchos estados comenzaron poco tiempo después a restablecer la pena capital.
Esta fue convalidada nuevamente en 1976 en una sentencia en la que el máximo tribunal señaló que no era inconstitucional en sí misma y que cumplía una función social por su efecto disuasorio y de castigo.
Sin embargo, su restablecimiento para delitos federales no ocurrió sino hasta 1988.
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Desde entonces, han sido ejecutadas tres personas, incluyendo a Timothy McVeigh, el responsable de un atentado contra un edificio gubernamental en 1995 en Oklahoma City, en el que murieron 168 personas, entre ellas 19 niños.
La última de estas ejecuciones ocurrió en 2003, cuando se le aplicó la inyección letal a Louis Jones, un condecorado veterano de la guerra del Golfo de 1990 que fue condenado por el secuestro, violación y asesinato de Tracie Joy McBride, una soldado de 19 años de edad.
En la actualidad, hay unas 60 personas condenadas a muerte por delitos federales, de acuerdo con el Centro de Información sobre la Pena de Muerte (DPIC, por sus siglas en inglés), una ONG que recopila información y promueve el debate sobre la pena capital en Estados Unidos.
Un castigo polémico y doloroso
Detrás del hecho de que desde 1988 las autoridades federales hayan ejecutado a tres reos cuando hay 60 condenados existe un conjunto de factores.
Uno de ellos tiene que ver con el hecho de que su restablecimiento en 1988 estuvo confinado a un número limitado de crímenes, aunque una legislación aprobada en 1994 amplió bastante la lista hasta alcanzar unos 60 delitos.
Aunque es el castigo aplicable a actos como espionaje, genocidio, sicariato, traición o terrorismo, en realidad casi todos los condenados a esta pena por la justicia federal fueron sentenciados por alguna forma de homicidio agravado.
Según la base de datos del DPIC, no hay ningún espía ni genocida ni traidor y solamente hay uno de ellos juzgado por terrorismo: Dzhokhar Tsarnaev, el responsable del atentado contra el maratón de Boston en 2013.
Pérdida de respaldo
La pena capital también ha perdido respaldo en la opinión pública.
De acuerdo con un estudio de la encuestadora Gallup divulgado en junio, 54% de los estadounidenses consideran que este castigo es moralmente aceptable, lo que representa una notable caída si se compara con 71% de los consultados que decían lo mismo en el año 2006.
La aplicación de este castigo también se vio afectada por una serie de demandas judiciales.
«En 2005, un grupo de presos condenados a pena de muerte impugnaron el proceso de ejecución federal. Esa demanda estuvo en estudio durante los últimos 14 años. El proceso estuvo paralizado varios años, durante los cuales el gobierno decía que no tenía acceso a los medicamentos requeridos para las ejecuciones», explica Robert Dunham, director ejecutivo del Centro de Información sobre la Pena de Muerte, a BBC Mundo.
El Protocolo Federal de Ejecuciones prevé que se realicen por inyección letal. Sin embargo, este método ha sido muy cuestionado después de haberse constatado que ha derivado en muertes lentas y dolorosas.
Muchas empresas farmacéuticas se han estado negando a suministrar drogas a las autoridades, pues no quieren que sus productos sean usados para aplicar la pena capital.
«Durante más de una década y media, la pena de muerte federal fue algo que se dejaba de lado. Aunque no hubo una suspensión formal del procedimiento, una combinación de inercia administrativa, procesos de apelación prolongados, obstáculos prácticos y el número relativamente reducido de presos federales condenados a muerte detuvieron las ejecuciones», escribió Anthony Zurcher, corresponsal de la BBC en América del Norte, cuando hace un año el gobierno de Trump anunció que reanudaría las ejecuciones.
Pero, ¿por qué dio ese paso?
Disputa judicial
En julio de 2019, el fiscal general de EE.UU., William Barr, anunció la reanudación de las ejecuciones así como una modificación de las normas federales para que en lugar de usar el cóctel de tres fármacos que se venía aplicando se utilice un único medicamento, el pentobarbital, un potente sedante que ralentiza el cuerpo, incluido el sistema nervioso, hasta provocar la muerte.
Entonces, el Departamento de Justicia también hizo público un primer calendario para ejecutar a cinco reclusos, condenados por asesinatos o violaciones de niños.
Tras el anuncio se produjeron una serie de impugnaciones que concluyeron el pasado abril, cuando en una decisión dividida, una corte de apelaciones decidió levantar una medida preventiva que impedía seguir adelante con las ejecuciones.
Esta decisión fue cuestionada ante la Corte Suprema pero, este 29 de junio, los magistrados decidieron no admitir la impugnación dando así luz verde a las cuatro ejecuciones que fueron anunciadas dos semanas antes por el fiscal Barr.
Los condenados son:
Daniel Lewis Lee, por la muerte de tres miembros de una familia, incluyendo a una niña de 8 años.
Wesley Ira Purkey, sentenciado por la violación y asesinato de una joven de 16 años.
Dustin Lee Honken, responsable de la muerte de cinco personas, entre ellas dos niñas de 10 y 6 años de edad.
Keith Dwayne Nelson, condenado por secuestrar, violar y estrangular a una niña de 10 años.
La primera de estas ejecuciones está prevista que sea la de Lee este 13 de julio; luego la de Purkey, el 15 de julio; la de Honken, el 17 de julio; y la de Nelson, el 28 de agosto.
Al anunciar el calendario de ejecuciones, el fiscal general Barr afirmó que los cuatro condenados habían tenido un proceso judicial completo y justo, de acuerdo con la Constitución y la leyes.
«A las víctimas de estos crímenes horribles y a las familias que dejaron atrás les debemos el seguir adelante y ejecutar la sentencia impuesta por nuestro sistema de justicia», afirmó Barr.
«Tema de campaña»
Robert Dunham, del DPIC, cree que estas ejecuciones serán un asunto en la campaña electoral de cara a las elecciones del 3 de noviembre y destaca el hecho de que los cuatro reos escogidos fueron condenados por crímenes en los que perdieron la vida menores de edad.
«Es claro que el presidente Trump quiere que esto sea un tema durante la campaña electoral porque ya él empezó a atacar a su rival demócrata, Joe Biden, quien anunció su rechazo a la pena de muerte aplicada por el gobierno federal. Y los aliados políticos del mandatario intentan describir a Biden como alguien más interesado en unos asesinos de niños que en las familias de las víctimas», señala Dunham.
Como parte de su actual campaña presidencial, Biden está proponiendo impulsar la abolición de la pena capital, aunque en el pasado fue partidario de la misma.
Trump ha sido un abierto defensor de la pena de muerte que históricamente ha gozado de mayor respaldo entre los votantes republicanos que entre los demócratas.
Un estudio del Centro Pew de Investigaciones, realizado en 2015, revela que el apoyo entre ambos grupos era de 77% y 40%, respectivamente.
BBC
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