Poco antes de que diera positivo a Covid-19, el flamante ministro de Economía Óscar Ortiz dio una entrevista a Página Siete, en la que habla del financiamiento para el plan de reactivación, sobre los trabajadores que ya han sido despedidos y asegura que no se hizo un decreto para beneficiar a las empresas o bancos, sino para preservar el empleo, pero que, para lograr ese objetivo, es preciso tener unidades económicas funcionando.
Ortiz reemplaza en el cargo a José Luis Parada. Y, como su antecesor, viene de Santa Cruz. Fue un hombre clave de la Cainco, hasta convertirse en la ficha más importante de los Demócratas en la política nacional.
Usted en el último año fue senador, candidato presidencial, ministro de Desarrollo Productivo y ahora es Ministro de Economía. ¿No le parece mucho cambio y poco tiempo para desarrollar políticas?
Hay fases. La candidatura a la presidencia era una fase, después de la crisis política tuve una labor que me encomendó la presidenta Añez en el Senado buscando estos acuerdos inéditos por unanimidad. Eso duró más o menos seis meses, y posteriormente la Presidenta me invitó al Ministerio de Desarrollo Productivo para elaborar este programa de reactivación. Yo vengo en mi carrera profesional del sector productivo, es algo que conozco muy bien, y cuando se da la renuncia del ministro Parada la Presidenta me invita a asumir el Ministerio de Economía dado que ya venía trabajando en el área económica.
Y probablemente en este cargo le quedan unos tres meses, tratándose de un gobierno de transición. ¿Qué objetivos se ha planteado para este tiempo?
La Presidenta me ha dado dos mandatos, mantener la estabilidad y trabajar por la reactivación. Es verdad que son pocos meses, pero son meses cruciales, en los que hay que ayudar a que no se pierdan más empleos, que no se cierren más unidades económicas. Al mismo tiempo creemos que de estos meses dependerá la posibilidad de que los dos siguientes años podamos recuperar la actividad económica al nivel anterior a la pandemia y dejemos todo encaminado.
¿Cómo piensa financiar el plan de reactivación y cuánto va a costar su ejecución?
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Hay algunos financiamientos iniciales de varios componentes. Por ejemplo, hay recursos de los que se recaudan de los aportes patronales para la vivienda en un fideicomiso. Se va a destinar 500 millones de bolivianos para crear un fondo de garantía y así facilitar que un segmento que no ha sido atendido los años anteriores, que es el de menores ingresos, pueda tener acceso a viviendas de hasta 150 mil bolivianos y ampliaciones hasta 70.000 bolivianos. A través del Banco de Desarrollo Productivo (BDP) pensamos impulsar emisiones para, por un lado, financiar el fondo de garantía sectorial para las empresas medianas y grandes y, a su vez, el Fondo de Reactivación (FORE) para la reprogramación de créditos. Hay otros temas que no necesitan financiamiento; por ejemplo, la decisión de que los próximos dos años se proceda a la reprogramación de créditos hasta ocho años plazo con dos años de gracia. Incluso dispone el decreto que no se tomen en cuenta las condiciones del entorno económico para la calificación de su crédito, esto puede viabilizar esa reprogramación. Hay personas que creen que hemos hecho un decreto para las empresas o para los bancos, hemos hecho un decreto para preservar los empleos y para preservar el empleo debe haber una unidad económica funcionando. Los créditos que se habían otorgado en anteriores condiciones van a tener que adecuarse a esta realidad económica.
Quiero insistir con el tema del monto porque en principio se había dicho que se dejaría de construir la planta de propileno para financiar el plan, lo que representaba más de 13.000 millones de bolivianos, pero se dio marcha atrás con eso. Usted habla de emisiones y de créditos. ¿De cuánto estamos hablando?
No se va a paralizar la planta de propileno porque nunca arrancó. Ese es un proyecto que está paralizado hace varios años. Tenemos un Gabriela Montaño y María Teresa Morales, consideramos que por lo menos se deberían canalizar a través del fondo de inversión productiva y social 100 millones de bolivianos; esto daría para pagar 50.000 salarios mínimos y nosotros creemos que esto se debe hacer quizá durante los próximos dos años e incluso se podría llegar a 100 mil empleos al menos, esto es algo que inicialmente se financiará con recursos del TGN. Pero también estamos presentando ante la comunidad internacional un plan que vaya más allá de esta gestión porque creemos que a la próxima gestión hay que dejarle las cosas encaminadas y que no se vayan a perder varios meses para tener un programa. Si somos nosotros con la presidenta Añez habrá la misma oportunidad y si en democracia se elige a otra opción ya estarán las cosas avanzadas. Tenemos también tres fondos de garantías, el fondo de reactivación y el de titularización. El fondo de garantías para la micro y pequeña empresa se plantea llegar a 120 millones de bolivianos, esto podría apalancar créditos por 10 veces más. Ya tenemos 45 millones de bolivianos, ese fondo ya existe; además, existen créditos internacionales en curso para fortalecer a las Pymes. Se está terminando de cerrar un contrato con el BID por más de 120 millones de dólares para este objeto. El fondo de garantía sectorial a través de emisiones de bonos del BDP, cooperación internacional y transferencia del TGN se plantea llegar a 1.100 millones de bolivianos que podrían servir de garantía para préstamos por 11.000 millones de bolivianos.
Los créditos dependen de la Asamblea Legislativa, que está dominada por el MAS. ¿Cómo van a hacer para convencerlos de que los aprueben?
Hay que trabajar en eso y pedir el apoyo de la opinión pública, porque tenemos en este momento 1.500 millones de dólares, más de 10.000 millones de bolivianos, que están en la Asamblea Legislativa. Con las transferencias del Tesoro y con las emisiones de bonos vamos a arrancar. Pero, tampoco nosotros pretendemos que esta gestión en los meses que tiene consiga todos los recursos, por eso estamos planteando un programa de trabajo de dos años, porque creemos que es lo que va a demorar la economía en recuperarse. Creo que la sociedad boliviana debe demandar que la mayoría masista libere estos créditos porque no es el Gobierno al que están perjudicando, es a la ciudadanía porque son créditos para atender las demandas de salud y para mantener al Estado funcionando. El Estado también ha reducido sus ingresos y se siguen pagando los sueldos, los servicios a la población; el Estado debe seguir operando en situación de emergencia. Esos créditos también son para impulsar los programas de reactivación. Si no los impulsamos con toda decisión y aprovechamos cada día que haya, el efecto sobre el empleo puede ser irreparable.
Pero, ¿qué se hará con la gente que ya ha sido despedida? Este plan está orientado a las empresas, pero no a los trabajadores.
Creo que es absolutamente temerario e irresponsable con el futuro del país politizar la discusión sobre el tema. La reactivación tiene dos componentes; el primero es preservar los empleos actuales y para eso las unidades económicas, pequeñas, medianas y grandes tienen que seguir funcionando, si no se daña o se pierde el empleo y, por otro lado, tenemos también una mayoría de nuestra población que vive al día, por cuenta propia; por eso consideramos que hay que crear estos programas de empleo intensivo con obras de infraestructura menores, desde reparar una posta, poner una acera, que son proyectos que demandan mucha mano de obra. Queremos que esa sea la prioridad en los meses venideros. También se ha aprobado en el decreto 4272 una directriz, para que la inversión pública sea priorizada porque no tenemos los ingresos que se presupuestaron por la pandemia. El decreto establece que debe ser priorizada por la cantidad de empleo que se cree. Y, por otro lado, este decreto prioriza la producción nacional en las compras estatales; además, se está generando una liquidez, con una inyección que está haciendo el Banco Central, con la disminución del encaje legal, que se le va a dar casi 3.900 millones de bolivianos al sistema financiero con la condición de que sean canalizados para la compra de productos nacionales, como insumos, consumo, paquetes de turismo interno.
Existe una ley en el país que prohíbe despedir durante la cuarentena, pero no se está cumpliendo. ¿Qué se puede hacer al respecto o la única respuesta es el plan de reactivación?
El gran problema es que la mayor parte de la población boliviana (80%) trabaja en el sector informal y en ese sector no hay una vigencia de la ley por definición; por tanto, no hay protección contra despidos, por eso nosotros insistimos tanto en crear estos programas. Por ejemplo, queremos generar este crédito para la ampliación de viviendas porque eso puede tener un impacto inmediato en el comercio y en los trabajadores. Tenemos que ver la realidad de nuestra economía, y la realidad del empleo es que la mayor parte es informal y ahí la protección es prácticamente inexistente.
Los microempresarios se quejan porque dicen que les impusieron tasas de interés superiores al 10% y que así no podrán acceder a los créditos. ¿Qué hará al respecto?
En el programa de reactivación tenemos dos componentes y vamos a trabajar para que estén en vigencia lo antes posible; por un lado, la línea de crédito para las pequeñas y medianas empresas y por otro lado el fondo de garantía para las Pymes, pero además está la priorización de la producción nacional, donde las Pymes van a tener muchas oportunidades.
Bolivia sigue en cuarentena y los bancos ya están cobrando los créditos. ¿Eso no es ir en contra de la realidad económica de los prestatarios? ¿Por qué el Gobierno ha dado su brazo a torcer frente al sistema financiero y no ha permitido que se posterguen más los pagos?
A quienes se ha pedido que sigan pagando los créditos es a los asalariados, que siguen teniendo las fuentes de ingreso que tenían antes. Por ejemplo, todos los funcionarios públicos han recibido su sueldo y obviamente tienen la posibilidad de seguir pagando los créditos, aunque se les ha diferido tres meses. El dinero que se les ha prestado es de los ahorristas y hay que pagar los intereses; tenemos que mantener el equilibrio en esta relación entre el ciudadano que deposita el dinero en el banco y con ese dinero se da un préstamo a otro ciudadano. Creo que es de interés del país en su conjunto mantener la estabilidad financiera en su conjunto y que se respeten también los derechos de los depositantes.
Existen varios proyectos de ley que plantean un retiro de aportes de las AFP, tal como está sucediendo en Perú y Chile. ¿Qué opina usted al respecto?
Son propuestas que yo conozco, que tienen un apoyo importante de una parte de la población, pero también está la posición de otros sectores que creen que eso disminuiría la jubilación. Los recursos que recaudan las AFP se invierten a largo plazo para que con eso se den préstamos a largo plazo como por ejemplo para las viviendas. Entonces la mayoría de esos recursos se han invertido en el largo plazo y por tanto ahí hay algo que dificulta hacerlo efectivo.
Se cumple un año del decreto que permite las quemas controladas en el país y este Gobierno no lo ha anulado y se han seguido haciendo quemas a base de ese decreto. ¿No se lo va a cambiar?
Sé que en el área de medio ambiente tienen varios análisis al respecto, no es mi área, no podría responderle al detalle.
Usted es un representante del sector productivo del oriente. Existe la susceptibilidad de que el Gobierno estaría beneficiando a este sector con este decreto, con la liberación de exportaciones, con el decreto de los transgénicos… ¿No hay una política de beneficio al sector?
Primero, soy el Ministro de Economía en este momento y ese es el rol que estoy jugando. Además de eso, soy una persona que ha trabajado siempre por el desarrollo productivo de Bolivia. Su pregunta revela un desconocimiento de lo que plantea esa norma, que yo sé que tiene muchos cuestionamientos. Esa norma lo que hizo fue incorporar al departamento de Beni en esa autorización, pero en el departamento de Santa Cruz ya venía desde hace dos décadas. El problema creo que no fue ese, sino se dieron unos requisitos de autorización para las quemas hasta 20 hectáreas por familia. Y como se comenzaron a promover asentamientos con 500 y hasta 1.000 familias, ya eran 20.000 hectáreas en cada comunidad. Y ese fue el descontrol que hubo en la gestión pasada, cuando se hicieron todos esos asentamientos por motivos políticos para que cambien las mayorías y el MAS pueda ganar en lugares donde siempre perdía. Entonces creo que hay que separar todo lo que es el cálculo político electoral de los asentamientos humanos y además ceñirse a los planes de uso de suelos de cada departamento, donde se señala con precisión el uso del suelo para fines forestales, agricultura, parque, una reserva y no se los puede tocar.
HOJA DE VIDA
Carrera política . Fue gerente general de la Cámara de Industria de Santa Cruz (Cainco), presidente del Senado, candidato presidencial, ministro de Desarrollo Productivo y ahora es Ministro de Economía
Elecciones Sacó el cuarto lugar con 4,5% de los votos, después de Evo, Mesa y Chi.
Pagina Siete
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