La declaratoria de calamidad pública, que emitió el Gobierno mediante decreto supremo, le permitirá acceder a recursos económicos de hasta 2.109 millones de bolivianos, monto que representa el 1% del Presupuesto General del Estado (PGE) 2020, como establece la Constitución Política.
El artículo 339 de la Carta Magna señala: “El Presidente podrá decretar pagos no autorizados por la ley del presupuesto, únicamente para atender necesidades impostergables derivadas de calamidades públicas, de conmoción interna o del agotamiento de recursos destinados a mantener servicios cuya paralización causaría graves daños. Los gastos destinados a estos fines no excederán del 1% del total de egresos autorizados por el PGE”.
Para este año, en el presupuesto consolidado se estableció un total de 210.911 millones de bolivianos, de los cuales el 1% son 2.100 millones.
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La anterior semana, el Gobierno aprobó el Decreto Supremo 4301 sobre declaratoria de calamidad pública en todo el territorio del país, con el fin de atender necesidades impostergables de carácter económico ocasionadas por los efectos negativos del coronavirus (Covid-19).
Para ello, el Ministerio de Economía tramitará ante el Banco Central de Bolivia (BCB) un crédito en favor del Tesoro General de la Nación (TGN), a fin de continuar con la implementación de acciones de carácter económico destinadas a mitigar los efectos negativos de la Covid-19, dispone en el parágrafo II del artículo único.
Mientras que en la Ley 1670 del BCB, del 31 de octubre de 1995, en su artículo 22 se especifica que “el ente emisor no podrá otorgar crédito al sector público (…). Excepcionalmente podrá hacerlo en favor del TGN, con voto favorable de dos tercios de los miembros presentes en reunión de su directorio”.
Este último se dará ya sea para: atender necesidades impostergables derivadas de calamidades públicas, conmoción interna o internacional, declaradas mediante decreto supremo.
El ministro interino de Economía Abel Martínez afirmó que la aprobación de esta norma es preventiva ante la coyuntura de que no existan recursos liberados por la Asamblea Legislativa, referidos a créditos de organismos internacionales y que hasta la fecha siguen a la espera de su aprobación.
“No se recurrirán a las Reservas Internacionales y los recursos que se van a destinar, que aún no se han cuantificado, son para prevención ante la falta de recursos que no son liberados por la Asamblea”, afirmó la autoridad.
El abogado constitucionalista Rodolfo Flores explicó que la declaratoria de calamidad pública es un estado de excepción que establecen las constituciones, para afrontar situaciones difíciles que pueden poner en riesgo diferentes aspectos de la sociedad de cada país.
Indicó que la declaratoria de calamidad pública supone otros temas que no sólo están referidos a la salud, sino a otros como la falta de liquidez en un Estado para atender diferentes emergencias, como el pago de salarios, entre otros.
Mientras que una declaratoria de emergencia nacional tiene que ver específicamente con un solo tema, en este caso de salud pública por el coronavirus.
“Creo que es una medida acertada, pero el problema es que a lo largo de los años se evidenció una falta de transparencia. Hasta la fecha el decreto 4301 no señala cuál será el destino, sólo dice que será para atender el coronavirus”, observó el jurista.
Prevén destinar Bs 300 MM para aguinaldo de la Renta Dignidad
La presidenta Jeanine Añez anunció ayer el adelanto del pago de aguinaldo de la Renta Dignidad a partir de agosto próximo, para las personas de la tercera edad que se benefician del mismo. El Gobierno afirma que se tienen asegurados los recursos, para lo cual se prevé destinar alrededor de 300 millones de bolivianos.
“Los recursos están asegurados, provienen de un fondo que tenemos para el pago de la Renta Dignidad y estamos estimando que los fondos que vamos a destinar son alrededor de 300 millones de bolivianos, su financiamiento está asegurado”, insistió el ministro de Economía interino Abel Martínez.
Afirmó que el pago anticipado, que regularmente se lo hace a fin de año, es para que las personas de la tercera edad puedan atender las necesidades que tengan en esta pandemia.
La autoridad adelantó que el beneficio alcanzará para al menos 900 mil adultos mayores, que será un adicional de 300 bolivianos para los que tienen una pensión de jubilación y que reciben la Renta Dignidad y de 350 bolivianos para los que no tienen ninguna renta.
Según la mandataria, el cobro de este bono seguirá el mismo procedimiento que el pago mensual de la Renta Dignidad, que se hace en las financieras autorizadas.
Punto de vista
Jaime DunnEconomista
“El TGN tiene aún margen para endeudarse”
La declaratoria de calamidad pública se insertó en la Ley 1670, aprobada en octubre de 1995, en la que se dispone que el Banco Central de Bolivia (BCB) está prohibido de contraer pasivos del sector público.
Sin embargo de manera excepcional se ha establecido que el BCB puede hacerlo sólo y únicamente a favor del Tesoro General de la Nación (TGN), mismo que tiene que ser aprobado con el voto de 2/3 del directorio del ente emisor.
Por tanto, el BCB puede dar créditos sólo y únicamente para atender necesidades relacionadas a calamidades públicas o conmociones internacionales. Otra de las disposiciones es que para que sea calamidad pública, la misma se debe establecer mediante decreto supremo, como sucedió el pasado 24 de julio.
Lo que también tiene que quedar claro es que, esta operación de crédito forzosamente se tiene que realizar a través de una negociación de títulos valor negociable de deuda pública; es decir, que el BCB no le hará un préstamos directo al TGN, sino que éste le debe emitir bonos al ente emisor.
En el caso del monto, periodo de pago, destino, origen del recurso, entre otros detalles seguramente serán establecidos en una norma reglamentaria, que seguramente saldrá en los próximos días.
Creo que es necesario este tipo de recursos que están proveídos por ley, por el hecho que vemos que la pandemia sigue creciendo, todos los esfuerzos que se han hecho no han sido suficientes.
El problema fundamental es que esta calamidad viene acompañada de una falta de recursos, porque todas las buenas intenciones que el Estado implementa tienen otro problema fundamental, que es la falta de fuentes de financiamiento, principalmente porque la Asamblea está bloqueando al Poder Ejecutivo.
En general, los niveles de deuda interna y externa aún son razonables. El TGN tiene un margen para seguir endeudándose. Por eso es que seguramente recién se definirá el monto que se solicitará al BCB como crédito interno.
Pagina Siete
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