Abogadas y familiares de víctimas de feminicidio de diversas ciudades de Bolivia expresaron su preocupación porque algunos imputados por feminicidio han comenzado a salir de las cárceles en Santa Cruz y La Paz alegando que ya cumplieron los seis meses de detención preventiva que los jueces les fijaron, gracias a la Ley 1.173 de Abreviación Penal.
La abogada de Santa Cruz, Jéssica Echeverría, alertó que en esa ciudad algunos jueces están permitiendo la salida de feminicidas, agresores y violadores y argumentando que «sólo están cumpliendo con la Ley 1.173 de Abreviación Penal», al cumplirse los plazos de su detención preventiva. Estos procesados salieron con medidas sustitutivas y podrían haberse dado ya a la fuga para no enfrentar un próximo juicio oral y una sentencia de 30 años de reclusión. En la sede de Gobierno está ocurriendo lo mismo, según abogados.
En Cbba. no sucede lo mismo por la Ley 1.226. La abogada del Observatorio de Justicia de la Fundación Voces Libres Mercedes Cortez explicó que la interpretación de la ley está sujeta a la sana crítica, experiencia, situación de cada de departamento y a la valoración particular de cada juez.
«En Cochabamba nos hemos adelantado y, tras discutir en la Comisión de Género, entre representantes de juzgados, fiscalías, sociedad civil, se acordó en Sala Plena que, al cumplirse los plazos de la detención preventiva, la liberación no procede automáticamente», detalló Mercedes Cortez.
Esto, debido a que la Ley 1.226 hizo una pequeña modificación en la Ley 1.173 referida a que, si los imputados ya están en juicio, o con recursos, deben acreditarse o enervarse los riesgos procesales que dieron origen a sus detenciones.
Demora. Han pasado 5 meses desde que los presidentes del Senado y Diputados, Eva Copa y Sergio Choque, respectivamente, se comprometieron a agilizar la aprobación de las modificaciones a la Ley 1.173 de Abreviación Procesal Penal, para evitar que feminicidas, agresores de mujeres y violadores de niños salgan de las cárceles y se den a la fuga. Sin embargo, hasta la fecha, la norma no ha sido modificada.
Familiares de víctimas de feminicidio, de violencia intrafamiliar y violencia sexual de varias ciudades del país comenzaron una lucha por la modificación de la Ley 1.173 en noviembre de 2.019. En enero de este año, una delegación de 45 víctimas y abogadas viajaron a La Paz para declararse en huelga hasta ser recibidas por la presidenta del Senado Eva Copa y autoridades del Ministerio de Justicia. Eva Copa, Sergio Choque y la diputada Scarlet Zambrana declararon, el 4 de marzo de este año, que existía la voluntad política de la oposición y del oficialismo para modificar la Ley 1.173, pero explicaron que el procedimiento administrativo para hacer los cambios implicaba tiempo. «Ya han pasado 5 meses desde que se comprometieron a modificar la 1.173. Es mucha tardanza. Entendemos que hubo cuarentena y otras prioridades de salud, pero la violencia también ha aumentado. Necesitamos la modificación de esta norma para que los feminicidas de nuestros seres amados no queden libres e impunes», dijo Carla Ballón, en representación de los familiares de víctimas de feminicidio.
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