La sorpresiva decisión del gobierno de Jeanine Añez de clausurar la gestión educativa 2020 tendrá consecuencias políticas negativas para la actual administración estatal, que se verán reflejadas en su preferencia electoral, según la lectura de analistas políticos y expertos.
El domingo, el ministro de la Presidencia Yerko Núñez informó en conferencia de prensa que el Gobierno clausuró el año escolar porque internet no llega a toda el área rural. El ministro de Educación Víctor Hugo Cárdenas manifestó, a través de las redes, que la clausura se debió a la “actitud radical” de la dirigencia de los maestros y de los padres de familia. Y la presidenta Jeanine Añez argumentó, en un video, que el cierre es para impedir el contagio masivo de Covid-19.
El politólogo Marcelo Silva analizó las eventuales consecuencias electorales en dos dimensiones. Una, en el área rural, donde la medida no afectará la intención de voto para Añez, porque la mayoría no simpatiza con su partido. En cambio, el escenario cambia en los centros urbanos, donde -prevé- tendrá consecuencias electorales “muy serias”.
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“Aquí se nota que hay una desazón de los padres de familia que habían pagado pensiones, que en algunos casos sí establecieron acuerdos con colegios particulares y que estaban con sus hijos en clases virtuales”, afirmó Silva, antes de exponer una serie de interrogantes de cómo los padres, profesores y colegios, en especial particulares, resolverán este dilema.
“Los sectores especialmente urbanos van a sentir que sus hijos han quedado en un espacio abandonado (…). Eso muestra una preocupación de los padres de familia de los sectores urbanos, de la clase media, donde ahí sí habrá una factura política electoral, y esa factura va a doler porque ese es el espacio donde Añez trata de ganar a Mesa la competencia por el voto útil”, afirmó Silva.
Para el experto en temas políticos Marcelo Arequipa, la decisión fue muy apresurada y generará un costo político muy elevado para el Gobierno, además que los diferentes argumentos a los que apela el Ejecutivo para explicar sus razones muestran que las autoridades se resisten a responsabilizarse por la medida, en la lógica de “todos son culpables, menos nosotros”.
El analista considera que el discurso gubernamental contra los 14 años del gobierno de Evo Morales y del MAS a estas alturas ya no tiene el mismo impacto que tenía al comienzo de la gestión de Añez.
“La medida social que dicta el Gobierno tiene un costo político muy alto y sobre todo este costo político está concentrado en la clase media. No hay un sector social que haya trabajado tanto el tema de la aspiración educacional como la clase media. Entonces, el haber dictado de una forma tan intempestiva la clausura del año escolar va en contra de ellos”, afirmó Arequipa.
La politóloga Erika Brockmann coincidió en prever que habrá consecuencias electorales en contra de Añez, cuya candidatura “está en franca caída” por el doble rol que tiene de ser la jefa de Estado y a la vez candidata a la presidencia. Además, considera que la medida hubiese sido más esclarecedora si el Gobierno la hubiera anunciado junto a todos los instrumentos legales.
“Creo que la comunicación y la forma como se ha planteado el tema es absolutamente irresponsable y precipitado, porque un anuncio de esa naturaleza debe ir aparejado de un instrumento legal que defina las condiciones y las características de la clausura (…). Es una decisión que en una primera instancia aparece como irresponsable, radical y poco comprensible”, afirmó Brockmann.
El analista político Carlos Cordero señaló que la clausura del año escolar “es una de las peores decisiones” que pudo tomar el Gobierno y que por los anuncios de varios colegios privados de continuar con sus labores educativas de forma virtual, “va a haber una especie de desobediencia civil”.
“El Gobierno de la presidenta Añez ha perdido la brújula porque es un Gobierno de transición. No ha entendido que su gobierno surge de una crisis, es un Gobierno de emergencia y que todo la espiral de conflictividad es a causa de que ella es candidata, porque si no fuera candidata el 80% del país estuviera de su lado y el 20 o 25%, que es la gente del MAS, en su contra, que sigue insistiendo es que es un golpe de Estado”, afirmó.
Cordero observó y comparó el gobierno de Añez con el de Eduardo Rodríguez Veltzé, quien llegó a la administración del Estado en similares características; es decir, en un proceso de transición, pero a diferencia de la gestión de Rodríguez, Añez -considera- toma decisiones que no corresponden a sus características.
Pagina Siete
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