Osmar Arroyo/El Andaluz
La diputada por el Movimiento al Socialismo (MAS), Raquel Ramos, en la pasada jornada se apersonó a oficinas de la financiera Pro Mujer para presentar una carta, por denuncias de prestatarias de la entidad por acoso y supuestos hechos irregularidades para el cobro de los créditos.
La legisladora, en primera instancia remarcó que se tienen la Ley 1294 en vigencia y Decretos Supremos que establecen el diferimiento en el pago de los créditos, tanto del capital como de los intereses. En ese entendido dijo que las personas de acuerdo a la norma actual deberán comenzar a pagar sus créditos recién a partir de septiembre y los funcionarios públicos lo hacen a partir de julio.
PUBLICIDAD
Ramos, indicó que se pudo evidenciar el incumplimiento a la normativa y la vulneración de derechos de mujeres que accedieron a un préstamo de la entidad financiera.
La entidad trabaja con los créditos comunales, se reúne un grupo de mujeres y pueden acceder a un crédito, siendo que entre ellas mismas se garantizan el préstamo, pero deben también cumplir con los pagos las integrantes de todo el grupo.
La diputada, mencionó que la entidad financiera Pro mujer les habría cobrado a un grupo de mujeres las cuotas de marzo, abril, mayo y junio. Dijo, que las habrían acosado hasta que saquen un refinanciamiento, es decir un nuevo crédito, para que con ese dinero paguen las cuotas atrasadas del anterior préstamo, pero la deuda fue creciendo.
“Les han obligado para que paguen de marzo, abril, mayo y junio. (…) Ahora están con una deuda cada una de ellas, entre 4 mil y 5 mil bolivianos”, expresó, a tiempo de remarcar que ahora deben mucho más de lo que debían cuando comenzó la emergencia sanitaria.
Señaló, que la norma establece que nos e debía haber pagado aún las cuotas de los créditos de los meses de marzo, abril, mayo y junio.
Lamentó, que se actúe de esa manera, más aún cuando muchas mujeres no tienen esposo y son jefas de hogar, es decir que tienen mantener económicamente a toda la familia.
La legisladora nacional, reiteró que la Ley sobre diferimiento de créditos es aplicable para todos y se presentó una carta a la entidad financiera haciéndole conocer esa situación, la misma nota se remitió a la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, a la Defensoría del Pueblo y también a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Asfi).
Ramos, indicó que de acuerdo a lo expuesto por las afectadas, la entidad les habrían señalado que para ellas no se aplicaba el diferimiento y que debían cumplir con el pago de las cuotas.
Además, dijo que la tasa de interés sería elevada, de un 35 por ciento anual.
“Tiene que saber la gente que no pueden obligarles, no pueden acosarles”, expresó, a tiempo de señalar que la Asfi debe responder porque se hacen este tipo de cobros irregulares.
Les habrían indicado que necesitaban pagar de los meses que debían, porque los intereses se les estaban elevando, pero cuando sacaron el segundo préstamos sólo les alcanzo para pagar lo que debían y no les quedó recursos para poder reinvertirlos o generar una actividad económica que les pueda dar ingresos, explicó la diputada.
Covid 19
Entre el grupo de mujeres que sacaron el crédito, tres de ellas dieron positivo a covid 19, pero a pesar de ello la financiera continúo cobrándoles las cuotas que debían.
“Estando con covid 19 no pueden salir a trabajar, es algo que no puedo comprender”, dijo Raquel Ramos, por los cobros realizados por la financiera.
Remarcó, que las entidades financieras en el país tienen una economía estable y que deberían ponerse la mano al pecho en tiempo de pandemia.
Dirigente de Fejuve observa anomalías
El secretario de Organización de la Federación de Juntas Vecinales de Cercado (Fejuve), Edwin Arana, mencionó que cuando fueron a dejar la carta a la financiera en la pasada jornada, al principio no les quisieron dejar ingresar, ni al grupo de mujeres, ni a la diputada.
Una vez que ingresaron, dijo, que la carta solo la recepcionaron con una firma, que no la recepcionaron con el sello de la entidad financiera, aduciendo a que no tenían uno.
Otro detalle que observó Arana, fue que el grupo de mujeres no contaba con una copia del contrato de préstamo, que la entidad financiera no les habría entregado y que sólo les hacían firmar para luego quedarse ellos con el documento.
Para el dirigente vecinal, mucho hermetismo genera mucha susceptibilidad sobre el manejo que se realiza en los créditos.
Además, comentó, que a pesar de conocer que tres prestatarias dieron positivo a covid 19, de igual manera la financiera envió personal a sus domicilios para que cobren lo adeudado, poniendo en riesgo la salud de los mismos funcionarios.
Proyecto de Ley para ampliar diferimiento
La diputada Raquel Ramos, señaló que con el jefe de la bancada del Movimiento al Socialismo (MAS), el diputado Víctor Borda presentaron un proyecto de Ley para modificar el artículo primero de la Ley 1294 y ampliar el tiempo para el diferimiento de los créditos hasta el 31 de diciembre.
La legisladora indicó que el Gobierno pretende interpretar la Ley de diferimiento a su manera y beneficiar a las entidades financieras, por ese motivo presentaron la propuesta que de manera directa establece el diferimiento de créditos se va a realizar desde el momento que empezó la emergencia sanitaria (en marzo) hasta el 31 de diciembre, esto para que no haya otro tipo de interpretaciones.
El proyecto de ley fue aprobado ya en diputados, pero aún no se trató en senadores, debido a la emergencia sanitaria en la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia (ALPB) por el fallecimiento de algunos diputados y senadores con covid 19, motivo por el que se suspendieron las sesiones.
Ramos, dijo que una vez se retomen nuevamente las sesiones, el proyecto de ley será tratado y aprobado en el senado para su posterior promulgación.
Para la diputada del MAS, en el país no hay garantías de derecho, porque se gobierna a base de Decretos y no se cumplen las leyes.
Tomado de El Andaluz
Comentarios