El poderoso Álvaro Uribe engrosa ahora la fila de exmandatarios latinoamericanos enredados con la justicia. En Colombia, su arresto domiciliario golpea sobre todo a su delfín, el presidente Iván Duque, cuando intenta levantar a un país en crisis por la pandemia.
La Corte Suprema agitó el mundo político con la decisión de ordenar la casa por cárcel contra el también senador y jefe natural del partido en el poder, mientras lo investiga y decide si lo llama a juicio por manipular testigos contra un legislador de oposición.
Uribe, de 68 años y quien gobernó entre 2002 y 2010, está respondiendo en su condición de parlamentario, por lo que su único juez es el alto tribunal, que dictó la medida alegando «posibles riesgos» de obstrucción de la justicia.
Él «es una figura muy reconocida en Colombia, pero también es una figura controversial», recuerda a la AFP Felipe Botero, politólogo de la Universidad de Los Andes.
El fundador del partido Centro Democrático (CD) mueve pasiones como ninguno en Colombia. Su oposición al acuerdo de paz de 2016 con las FARC, la antigua guerrilla que combatió sin tregua, fracturó a la opinión pública desde entonces.
El martes hubo caravanas motorizadas y cacerolazos a favor y en contra.
El político colombiano más influyente de este siglo es admirado por su mano dura contra los rebeldes y odiado, con igual fervor, por múltiples escándalos de corrupción y de violaciones de derechos humanos que alcanzaron a su círculo próximo.
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Duque hizo suyo el dolor de los uribistas: que su líder tenga que defenderse preso mientras los exguerrilleros – algunos también senadores – lo hagan en libertad cuando han «lacerado al país con barbarie».
¿Fuego amigo?
De la suerte que corra Uribe depende en gran parte el futuro de la derecha que recuperó el poder en la figura de un inexperto Duque, quien el viernes completa dos de los cuatro años de su mandato.
Duque «queda muy presionado porque ya tenía un incendio en lo económico y social (por la pandemia), y ahora puede tener un incendio político y podría hasta tener un incendio institucional», opina el politólogo Álvaro Forero.
Aparte del lío que supone el arresto de Uribe, quien aglutina a la frágil coalición de gobierno en el Congreso, Duque soporta desde ahora la presión de su partido, tras ser blanco de sus críticos por convertirse en «defensor de oficio» de su mentor y abstenerse de referirse a un proceso judicial.
Este miércoles el CD planteó reformar la justicia a través de una asamblea constituyente, es decir, cambiar la Constitución de 1991 para «aliviar» el peso de Uribe, según la senadora Paloma Valencia.
Para esa fuerza de derecha, su líder es víctima de una persecución y se requiere «despolitizar» las cortes y dar paso a una único tribunal que dé garantías a los investigados, lo que implicaría la disolución de la Corte Suprema.
Pero esto solo «debilita a Duque, porque golpea el prestigio del partido y, segundo, fortalece a los sectores radicales», que quieren «la revancha contra la Corte Suprema», comenta Forero.
El jefe de Estado apoyó una reforma a la justicia, pero evitó hacer lo propio con la constituyente aduciendo el largo trámite parlamentario.
Por ahora el caso Uribe impide la «paz política y unidad» que necesitan el gobierno para manejar la crisis cuando la pandemia azota con fuerza con más de 300 mil contagios y 11.300 muertos.
La justicia como enemigo
Uribe es el primer expresidente colombiano que ordena detener la justicia, pero el fenómeno no es nuevo en América Latina.
Exmandatarios populares como Lula en Brasil, Cristina Kirchner en Argentina, Rafael Correa en Ecuador, Ricardo Martinelli en Panamá, enfrentan a los jueces por escándalos de corrupción, con el argumento común de ser perseguidos.
Sin embargo, Uribe ha tropezado más de una vez con la justicia.
En 2010, cuando expiraba su segundo mandato consecutivo, la Corte Constitucional le cerró el paso a su intención de postular nuevamente al cargo mediante una nueva reforma de la Carta Política.
También tres exfuncionarios suyos están condenados por espionaje a magistrados, opositores y periodistas.
Uribe nunca ha querido retirarse de la política, rechaza la justicia de paz acordada con las FARC para juzgar los peores crímenes del conflicto y más de una vez ha dudado de la imparcialidad de los altos magistrados.
Y eso también implica tener «unas cortes protagonistas en la política colombiana», sostiene Mauricio Jaramillo, analista de la Universidad del Rosario.
En manos de los jueces quedó el prestigio del poderoso Uribe.
Pagina Siete
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