El Colegio Nacional de Abogados de Bolivia (Conalab), la Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (Unitas) y Asociación del Transporte Internacional, solicitaron medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para la protección de los sectores vulnerables afectados por los bloqueos convocados por el Movimiento Al Socialismo (MAS).
Mientras que el Ministerio Público de La Paz, decidió iniciar una investigación contra el expresidente Evo Morales, el secretario Ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB) Juan Carlos Huarachi, y los candidatos Luis Arce y David Choquehuanca por terrorismo, delitos contra la salud pública y otros.
El presidente del Conalab, Arturo Yáñez, explicó que solicitaron a la CIDH que otorgue medidas cautelares a favor de la población boliviana, pero en específico para las personas que enfermaron a causa del COVID-19 porque no están recibiendo los medicamentos e insumos para su tratamiento.
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“El Conalab logró colgar ante el sistema interamericano un pedido urgente de medida cautelar a favor de la población boliviana pero fundamentalmente de las personas enfermas con covid-19, toda vez que por los bloqueos no está recibiendo suministros médicos, medicina, incluso alimentos en las ciudades, lo que muestra una situación de calamidad humanitaria”, señaló Yáñez.
Unitas, también solicitó la otorgación de medidas cautelares a favor de pacientes internados en centros médicos y que están siendo afectados por la falta de oxígeno. Hacen dos solicitudes, el primero: adoptar las medidas necesarias para garantizar la vida, integridad personal y salud de los sectores más vulnerables.
Segundo, que esas medidas aseguren que las condiciones de salubridad y seguridad en la que se encuentran las personas contagiadas con COVID-19 en el Hospital Holandés y del Hospital de la Mujer, sean las adecuadas, conforme a los estándares internacionales aplicables.
Desde el pasado lunes, los sectores afines al MAS bloquearon las carreteras del eje troncal del país, dificultando el paso de los camiones que trasladaban oxígeno a los hospitales, además de los productos de la canasta familiar.
Cuatro regiones se vieron afectadas por las acciones violentas de los azules, los nosocomios de La Paz, Oruro, El Alto y Cochabamba se declararon en alerta debido a la escases de ese elemento.
Los argumentos
En su formulario, el Conalab hace notar que acude a la CIDH en representación de 86.423 personas, que hasta el 6 de agosto estaban contagiadas con COVID-19, en especial personas discapacitadas y adultos mayores, cuyos nombres no pueden revelarse atendiendo a las directrices de protección, confidencialidad y uso de datos personales de las personas que enfermaron a causa del virus.
Yáñez, manifestó que están a la espera de una respuesta de la CIDH en los próximos días, porque cumplieron con el reglamento de ese organismo internacional ante una situación de daño irremediable de miles de personas en Bolivia.
Unitas presentó dos casos específicos en el formulario. El primero tiene que ver con el hospital Boliviano Holandés de El Alto, donde el 6 de agosto falleció una persona de 27 años por falta de oxígeno medicinal y, actualmente, otras 12 están en una situación crítica al estar internados con covid-19 en este centro hospitalario.
El segundo caso se remite al Hospital de la Mujer en la ciudad de La Paz, que dio a conocer el riesgo que corren 11 bebés, que requieren el insumo médico y otros pacientes.
Retenidos en las carreteras
Por otra parte, el dirigente de la Asociación del Transporte Internacional de Santa Cruz, Marcelo Cruz, denunció que sus afiliados se encuentran en la vulnerabilidad porque desde hace una semana se encuentran retenidos en las diferentes carreteras del país, debido a los bloqueos.
«Estamos evaluando los fundamentos jurídicos, para presentar una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por crímenes de lesa humanidad. Ya no estamos hablando de simples delitos, están atentando contra nuestros afiliados, además con toda la población que en estos momentos necesitan insumos médicos y productos de la canasta familiar», precisó Cruz.
Los transportistas se encuentran ocho días retenidos en las carreteras, quienes de rodillas clamaron a las autoridades por ayuda humanitaria para poder subsistir y, a la vez, piden a los bloqueadores que declaren un cuarto intermedio en sus movilizaciones para que ellos puedan llegar a sus destinos.
Investigación por terrorismo
De forma paralela, el Ministerio Público de La Paz, admitió la denuncia contra el expresidente Evo Morales; los candidatos del MAS, Luis Arce y David Choquehuanca, además del secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, por alentar los bloqueos y cometer delitos de terrorismo atentados contra la salud pública y el trabajo.
“Se admitido las denuncias contra el señor Huarachi de la COB, contra Evo Morales, contra los candidatos del MAS, Luis Arce Catadora y David Choquehuanca, así como otras personas”, afirmó el fiscal departamental, Marco Antonio Cossio.
Cossio señaló que son investigados por los delitos de terrorismo, genocidio, y delitos contra la salud pública, entre otros. Además, la comisión analizará citar a los denunciados, para que presten su declaración.
Periódico Bolivia
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