La Asamblea de la Cruceñidad convocada por el Comité Cívico Pro Santa Cruz se estrelló este martes contra el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Salvador Romero, y exigió su renuncia, además de rechazar el 18 de octubre como fecha para las elecciones. Y dio un plazo de 48 horas al Gobierno para desbloquear las carreteras cruceñas.
El encargado de leer el documento de la primera asamblea virtual de esta entidad fue su presidente, Rómulo Calvo. “Exigir al Ministerio Público que dé celeridad al proceso iniciado por el comité cívico contra Evo Morales y todos los dirigente del MAS, y contra Juan Carlos Huarachi y Leonardo Loza, por los delitos de lesa humanidad contra el pueblo boliviano”, señala el primer punto.
El segundo exige a la presidenta transitoria, Jeanine Áñez, y su gabinete “hacer cumplir y restituir con firmeza el imperio de la ley”, activando todos los mecanismos legales que les faculta la Constitución, “gobernando para todos, sin hacer cálculos políticos”.
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La tercera exigencia del comité cruceño es la renuncia de Romero, “por no haber demostrado una conducta responsable con la historia del país, ya que debía actuar con independencia y solvencia ética, precautelando la salud y la vida de los bolivianos. El TSE deberá sancionar al MAS cancelando su personería jurídica por los delitos cometidos”, remarcó Calvo.
Al respecto, el pronunciamiento señala que se debe demostrar el saneamiento del padrón electoral, y el cumplimiento de las sanciones y observaciones realizadas por la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea sobre el “proceso electoral fraudulento” de octubre de 2019.
Además, rechaza el 18 de octubre para las elecciones y exige dejar abierta la fecha hasta que una comisión científica recomiende lo más conveniente ante la pandemia del COVID-19.
“Destituir a todos los funcionarios del TSE que hubieran trabajado en el proceso fraudulento de 2019, incluyendo a los del exterior. Exigir a la Fiscalía y al Poder Judicial un informe actualizado del estado de los procesos por el fraude en las elecciones de 2019”.
Calvo afirmó que el Legislativo también está en la mira, y se le exige despojarse de su “conducta partidista y mezquina”, por lo cual debe dar autorización a los préstamos de organismos internacionales para luchar contra la pandemia y lograr la reactivación económica, aparte de garantizar el 10% del presupuesto del país para el área de salud, bajo la amenaza de que los asambleístas sean procesados por incumplimiento de deberes y atentado contra la salud pública.
Y para el Gobierno, “damos un plazo de 48 horas para que de manera inmediata levante los bloqueos de todo el departamento; caso contrario, el pueblo cruceño, en su derecho a la legitima defensa, se autoconvocará a movilizaciones en todas las carreteras del departamento donde no hay libre circulación”.
La Razón
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