Una mujer denunció que dos oficiales y un sargento de la fuerza anticrimen la abusaron sexualmente, la amenazaron y la torturaron después de haber sido arrestada bajo la sospecha de que participó en el atraco a una farmacia en Santa Cruz de la Sierra.
Con la voz entrecortada por el llanto, la víctima relató a la red ATB que el teniente Guery M. y el subteniente Roberto M. la arrestaron y condujeron a un vehículo policial a golpes y la interrogaron sin respetar su condición de mujer ni su dignidad humana, antes de conducirla a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC).
En esas oficinas, antes de que se presente la fiscal asignada al caso, la arrestada contó que fue objeto de toques impúdicos, intentos de desvestirla y amenazas de violación sexual de parte de un sargento, en presencia de los oficiales y otra sargento mujer, quien guardaba silencio mientras la interrogaban para exigirle que delate a su presunto cómplice, a pesar de su inocencia.
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Horas después de su arresto apareció —dijo la denunciante— la representante del Ministerio Público y dispuso que se le asigne un abogado defensor.
Después de haber sufrido los vejámenes, la arrestada y otras dos mujeres fueron sometidas a un desfile identificativo, en el que la empleada de la botica atracada no la reconoció, hecho ante el que los investigadores del caso no tuvieron otra opción que pedirle disculpas y ofrecerle agua e, incluso, un almuerzo.
Sin embargo, cuando la dejaban en libertad, tomaron fotografías de la casa en la que vive y le dijeron que no presente acusaciones en su contra, porque “tiene hijas” a quienes “algo malo” podría suceder.
Además, cuando posteriormente el abogado de la mujer se presentó en la FELCC para notificar al teniente y al subteniente agresores con la demanda interpuesta en su contra, se le comunicó que ambos habían dejado de pertenecer a esa unidad, pero el teniente M. se encontraba en su oficina, por lo que aseguró que interfiere en el proceso.
Por su parte, el coronel Rubén Barrientos, director de la fuerza anticrimen mostró en rueda de prensa el acta del arresto policial, explicó que la fiscal participó en todo el procedimiento, en contradicción con las afirmaciones de la afectada, y afirmó que si algún funcionario policial cometió el “extremo” denunciado será sometido a las acciones judiciales que correspondan, para mantener “la imagen de la institución”.
La Razón
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