Sedición, alzamiento armado y terrorismo son algunos de los delitos por los que se investiga a 23 personas aprehendidas durante los bloqueos registrados en los últimos días en Bolivia. Cinco de ellas serían responsables de pagar a los vecinos para que bloqueen y realicen destrozos, según el reporte del viceministro de Régmen Interior, Javier Issa.
La autoridad proyectó que «muchas más personas» serán convocadas por el Ministerio Público mientras se realizan las pesquisas, por lo que considera que habrá más detenidos. Estas personas guardan detención preventiva en diferentes cárceles del país.
A estos se suman seis personas investigadas por el atentado en las oficinas de la Central Obrera Boliviana (COB) en La Paz, quienes no fueron ubicadas en el lugar del hecho, pero si a pocas cuadras del lugar, donde también se encontró una mochila con 17 cachorros de dinamita y una granada de gas lacrimógeno, según Issa.
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El viceministro explicó que los responsables de estos hechos no solo tienen que responder en materia penal, sino también en materia civil por daños causados. Además, no se descarta que los familiares de personas fallecidas por falta de oxígeno en hospitales también inicien procesos contra los bloqueadores que impidieron el paso de cisternas con oxígeno.
«Se va hacer cumplir la ley, ese el objetivo del Gobierno», manifestó Issa en una entrevista realizada en el canal de televisión estatal.
Los bloqueadores
Desde los grupos movilizados también se conoce que Wilson Cáceres, ejecutivo departamental de los Interculturales cruceños, fue liberado después de ser aprehendido en la zona de San Julián. Sus allegados informaron que no se encontraron pruebas en su contra.
En las última horas, el viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilson Santamaría, aclaró que la detención de Cáceres no responde al tema de los bloqueos, sino por otro asunto relacionado al uso indebido de un inmueble y un vehículo destinado a los Interculturales.
Joel Guarachi, exdirigente campesino y hombre cercanos a los bloqueadores en Santa Cruz, indicó a EL DEBER que si bien las cosas están en calma, temen que el Gobierno «siga haciendo una guerra de baja intensidad contra los movimientos sociales».
Guarachi sostuvo que los bloqueadores alistan su defensa con abogados para que estos puedan conocer si hay algún proceso judicial contra los grupos movilizados. Hay preocupación, ya que estos solo «respondieron a las amenazas e intimidaciones del Comité pro Santa Cruz y personas afines a Luis Fernando Camacho», candidato a la presidencia por la alianza Creemos.
Además, los campesinos e interculturales no descartan iniciar procesos contra los cívicos, ya que aducen que hay más de una veintena de heridos, resultado del enfrentamiento registrado la semana pasada en la zona de Santa Rosa de la Roca (provincia Velasco).
Los bloqueadores piden que la Policía y la Fiscalía investigue estos hechos, sobre todo porque hay dos personas heridas de bala que están en estado reservado en un hospital de Santa Cruz, según Guarachi, a quienes todavía no les retiran las balas.
En Santa Cruz hay dos personas que guardan detención preventiva en el penal de Palmasola por los ataques registrados en Samaipata.
Consecuencias de los bloqueos
Más allá delas detenciones, el Gobierno reportó que entre las consecuencias de 12 días de movilizaciones se registró el fallecimiento de más de 30 personas por falta de oxígeno en los hospitales del país.
A esto se suma el golpe a la economía. De acuerdo a los cálculos de Issa, fuera del tema sanitario, Bolivia perdió entre $us 15 millones y $us 20 millones a causa de los bloqueos, más allá de los $us 10 millones de pérdidas atribuidas al aparato productivo nacional
«Estos días calaron muy hondo porque ya teníamos una economía paupérrima y esto (el bloqueo nacional) agravó mucho la situación económica y ahondó los márgenes de pobreza. Ahora el pobre es más pobre y supuestamente los que luchan por los pobres son los bloqueadores», lamentó la autoridad.
El Deber
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