El ministro de Justicia, Álvaro Coimbra, informó ayer que según un informe de Transparencia no se halló ninguna irregularidad ni sobreprecio en el proceso de compra de 672 mil pruebas PCR para el diagnóstico de la Covid-19, como denunció el presidente de la Cámara Uruguaya de Comercio en Bolivia, Óscar Toledo. Legisladores del MAS piden la investigación y anulación de la licitación.
“Ya he recibido el informe de Transparencia y de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (Aisem) y no existe ninguna irregularidad o ilegalidad jurídica, tampoco un sobreprecio en esto (porque) habían (13) propuestas mucho más altas”, señaló Coimbra en el programa Asuntos Centrales.
Toledo, presidente de la Cámara Uruguaya, denunció la pasada semana que el Gobierno boliviano compró pruebas PCR de una empresa china con un supuesto sobreprecio de 25 millones de bolivianos. “Vamos a presentar este informe en las próximas horas a la Presidencia para establecer de manera clara que no hubo irregularidades en el proceso de contratación”, dijo Coimbra al respecto.
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El ministro informó que se hizo una revisión al proceso de contratación y se verificó que la propuesta del laboratorio uruguayo ATGen fue descartada porque esa empresa no cumplía con los requisitos para poder vender esos insumos, pues las pruebas que ofertaba no contaban con la certificación de la Federal Drug Agency (FDA), de Estados Unidos, ni del Conformité Européenne (CE), de la Unión Europea. La firma sólo adjuntó la certificación de su gobierno, que no es reconocida aún por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
En contacto con Página Siete, el director asociado del laboratorio ATGEn, Fabricio Sarlos, dijo que la firma uruguaya cumplió con todos los requisitos y aseguró que su producto tiene una certificación superior a la solicitada por Aisem. Sin embargo, no descartó que pudo haber una omisión al momento de llenar los formularios debido al formato “confuso” de la licitación.
Por otro lado, ayer se difundió la versión de que la empresa que resultó ganadora de la licitación, Lasa Holdings -por 47,3 millones de bolivianos- no es china, como se dijo en un principio. La misma tendría su sede en un domicilio particular en Miami, Estados Unidos, y sería propiedad del ciudadano boliviano Izaac Aizenstat, declarado en quiebra en ese país en 2019, según publicó el portal Detrás de la Verdad.
Por su lado, el senador del MAS Ciro Zabala anunció una investigación y señaló que el proceso de licitación debe ser anulado, con el fin de esclarecer todos los aspectos. El legislador sostiene que se debe verificar el porqué se eligió la oferta de Lasa Holdings si es más cara, acusó al Gobierno de usar intermediarios para lograr ventajas.
Pagina Siete
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