El viceministro de Transparencia, Guido Melgar, anunció este lunes que la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (Aisem) envió una carta a IME Consulting Global Services Sociedad Limitada, empresa intermediaria en la adquisición de los 170 respiradores, en la que manifiesta la intención de resolución del contrato por la compra de los equipos. Si la compañía no accede se acudirá a un arbitraje.
“La empresa ya ha respondido, ha enviado una nota a la Aisem haciendo las observaciones respectivas respecto al proceso de resolución. En caso de que la empresa IME Consulting no acceda a esa resolución del contrato, nosotros tenemos ya la vía del arbitraje que es ante la Cámara de Comercio de la ciudad de La Paz”, sostuvo Melgar en conferencia de prensa.
Un documento difundido por el periodista Tuffi Aré da cuenta de que la Aisem manifestó la intención de resolución de contrato el 24 de junio, en una carta enviada a IME Consulting, la firma que participó en la operación de compra como intermediaria entre el Gobierno y GPA Innova.
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Más temprano el abogado de la empresa intermediaria, Ramiro Vega, negó que la Aisem haya pedido una resolución del contrato y manifestó que en una misiva se pidió el cumplimiento de contrato bajo amenaza de la resolución.
Indicó además que, en caso de ir a un arbitraje, la resolución puede tardar años y mucho tiempo después de que pase la emergencia sanitaria por la pandemia. Precisó que de los 170 respiradores, la Aisem sólo pudo ubicar 75 equipos.
“¿Qué pasa si nos vamos a arbitraje? El Gobierno boliviano va a tener que sostener que ha perdido los respiradores, echándole la culpa a IME Consulting diciendo que no le ha entregado bien. Al final está certificado que los 170 respiradores se han entregado a autoridades bolivianas (…). Este es un problema que no va a tener tiene solución porque la posibilidad de devolución de plata es casi nula, inclusive si ganara el arbitraje, que está sometido sólo a jurisdicción boliviana, las posibilidades de efectivizar, cualquier fallo arbitral, en sumas de dinero es casi imposible”, manifestó el abogado en el programa Antes del mediodía.
Añadió que el daño económico que el Gobierno boliviano le está haciendo a la empresa es grande y lo que trata de hacer GPA Innova es un control de daños. Por ello, ofrece enviar 170 respiradores con el software actualizado y los accesorios hasta que se devuelvan los primeros 170 equipos enviados.
Vega manifestó que hubo una serie de negociaciones y ofertas de la empresa que el Gobierno no consideró por un tema de imagen política y no para considerar la solución del conflicto.
El domingo, el Ministro de Justicia manifestó que el Estado pidió la resolución de ese contrato y la devolución de 2,2 millones de dólares del pago que se hizo por anticipado. Además sostuvo que la fábrica hizo conocer a la empresa que vendió los equipos, que no podrá cumplir con algunos ítems.
Pagina Siete
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