Desde el inicio del nuevo gobierno de Luis Arce (MAS), se han activado al menos siete procesos contra exministros de Jeanine Áñez y opositores.
El exministro de Gobierno Arturo Murillo tiene dos denuncias. Una por la presunta destrucción de la libreta militar del expresidente Evo Morales y otra por la compra irregular de gases lacrimógenos.
También son procesados por la libreta el exviceministro de Régimen Interior Javier Issa y el exdirector nacional de la Felcc Iván Rojas. El exministro de Defensa Fernando López está denunciado por los gases lacrimógenos.
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Se pidió el arraigo del exministro de Hidrocarburos Víctor Hugo Zamora por la paralización de la planta de urea, que habría provocado una pérdida de 240 millones de dólares.
El director de Migración Marcel Rivas tiene detención por la salida irregular de Murillo y López. A este proceso se suman tres funcionarios de Puerto Quijarro.
Se anuncia un proceso contra Murillo, la exsenadora Carmen Eva Gonzales y otros por la detención del presidente del directorio de la Red ATB, Marcelo Hurtado.
Se investiga la titulación de 33 mil hectáreas de la propiedad Laguna Corazón de familiares del exministro de Economía Branko Marinkovic.
Se halla pendiente el juicio de responsabilidades contra la expresidenta Jeanine Áñez, sus exministros y exjefes de las FFAA y la Policía por Huayllani y Senkata.
En la oposición se iniciaron procesos contra el abogado del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Jorge Valda. Fue detenido hace una semana por conducción peligrosa, pero trasladado a La Paz por un proceso de legitimación de ganancias ilícitas de 2017.
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Se activó el proceso contra el gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, por el referendo sobre la autonomía de hace 10 años y que lleva tres años sin llegar a juicio.
El vocero de Demócratas, Vladimir Peña, critica a la justicia que actúa desigual con las denuncias contra la oposición y las que pesan contra Morales. Observa que el mensaje de reconciliación del presidente Luis Arce y el vicepresidente David Choquehuanca no dure.
“Nuevamente estamos viendo actuar a la justicia como cuando Evo Morales estaba de presidente, es decir, darle impunidad a las personas del MAS. En cambio a los que piensan diferente se les persigue de forma implacable”, dijo. Siguió: “Cuatro días duró el discurso de Choquehuanca”.
El exministro del MAS Hugo Siles dijo, respecto la lista de 300 financiadores de la movilización, dijo que no se busca “revancha”, pero la situación no se puede repetir, según radio Kawsachun Coca.
ANÁLISIS
DISCURSOS DE ARCE Y CHOQUEHUANCA SON SÓLO ESO: “DISCURSOS”
ROLANDO TELLERÍA Analista político
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Los procesos iniciados en contra de exautoridades del gobierno anterior tienen más índole política que jurídica. Y ponen de manifiesto que los discursos de Arce Catacora y David Choquehuanca, el día de su posesión, son sólo eso: discursos.
Arce Catacora demandó “paz y unidad, erradicando el odio y la estigmatización del otro por pensar o militar en un partido diferente”. A su vez, David Choquehuanca proclamó “ya no más judicialización de la política”, “ya no más abuso de poder”; demandando una justicia “verdaderamente independiente”.
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En los hechos, parece que sucederá todo lo contrario. Peor aún, no existe separación, equilibrio e independencia de poderes, es decir, un Estado de derecho. En pocos días, de la manera más insólita, la justicia cambió de color. Se subordinó a la nueva correlación de fuerzas. El Ejecutivo tomó a su control el Órgano Judicial.
Se vienen en ese sentido más procesos a líderes cívicos y dirigentes que protagonizaron el alzamiento en octubre y noviembre de 2019. A militares y policías también. La línea ya ha sido asumida a través de los mensajes del exministro de Gobierno Carlos Romero y la nueva ministra de Culturas, Sabina Orellana.
La élite azul es incapaz de conducirnos a un escenario de paz y reconciliación. Predomina en ella fuertes sentimientos de racismo y venganza.
Tomado de Los Tiempos
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