El proceso ordinario abierto por las 10 muertes registradas en Sacaba, durante los conflictos poselectorales de 2019, inquietó a las Fuerzas Armadas y a las esposas de policías: El Alto Mando Militar se declaró “desconcertado” y pidió una investigación imparcial, mientras las parejas de los efectivos policiales de Potosí, en estado de emergencia, advirtieron que no permitirán una “persecución”.
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La aprehensión del general de Brigada Aérea Alfredo Cuéllar dictada por el Ministerio Público, por la presunta comisión del delito de asesinato, sorprendió el martes, debido a que un día antes el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI- Bolivia), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) inició la investigación de este caso y también de las muertes en Senkata (El Alto). El canciller Rogelio Mayta había adevertido que “tenemos expertos internacionales porque lastimosamente nuestro sistema de administración de justicia no es creíble para los propios bolivianos y eso tenemos que aceptarlo con hidalguía”.
En 2019, durante los conflictos poselectorales, sectores afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) protagonizaron protestas en Sacaba (Cochabamba) y Senkata, para rechazar la renuncia de Evo Morales a la Presidencia, luego de que éste fue acusado de promover un fraude electoral en los comicios generales del 20 de octubre de ese año. En Sacaba fallecieron 10 personas y otras 95 resultaron heridas, mientras que en Senkata murieron 10 personas y otras 65 fueron heridas, durante intervenciones combinadas entre la Policía y las Fuerzas Armadas a ambas movilizaciones.
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La dimisión de Morales se dio luego de que la Policía Boliviana, después de las elecciones de 2019, inició un motín, mientras que las Fuerzas Armadas también pidió su renuncia. Por ese motivo, tras el retorno del MAS al poder, el presidente Luis Arce posesionó al nuevo Alto Mando Militar el 16 de noviembre de este año con un mensaje claro: “Hoy tenemos el gran reto de devolverle a las Fuerzas Armadas su institucionalidad, devolverle su lugar en la sociedad, que lamentablemente se utilizó equivocadamente. Hoy tenemos el desafío de que el pueblo boliviano vuelva a confiar en que las Fuerzas Armadas respetarán los procesos democráticos”.
No obstante, tras la aprehensión de Cuéllar, el Alto Mando Militar, que fue posesionado nueve días antes, se pronunció a través de un comunicado para declararse “desconcertado” y demandar una investigación “profunda e imparcial de los sucesos del 2019”. Ahora Cuéllar debe esperar el resultado de su audiencia cautelar, en la que un juez deberá definir la situación legal en la que deberá enfrentar el proceso, sea en libertad o bajo detención.
El director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), coronel Alberto Aguilar, reveló el martes que la Fiscalía y la Policía tienen un cronograma de declaración de otras autoridades y militares por este caso y los decesos registrados en Senkata, El Alto. Respecto a Cuéllar indicó que éste alegó que “fue “el quinto hombre en la cadena de mando, que él no fungía como un militar de operaciones porque estaba en el Centro Estratégico de Operaciones, por lo que indicó que cumplía una labor administrativa”, durante los conflictos de Sacaba.
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El miércoles, el Ministerio Público confirmó el anuncio de Aguilar e informó que amplió la investigación por las muertes en Sacaba en contra de los exministros Arturo Murillo y Fernando López, además de dos jefes policiales y un militar más, quienes serán convocados para que declaren. Uno de los jefes policiales es el coronel Jaime Zurita, quien en 2019 ocupó el cargo de comandante departamental de la Policía de Cochabamba; esta exautoridad se excusó de declarar ante la Fiscalía el miércoles porque se encontraba en etapa de recuperación de una cirugía.
Otro sector que expresó su posición por la posible “persecución” a efectivos de la Policía Boliviana fue el de las esposas de policías de Potosí, el mismo que advirtió que tomó contacto con la dirección nacional para declararse en emergencia. La representante de este sector, María Angélica Churata, confirmó el martes que las parejas de los uniformados están “en emergencia, ya habíamos hablado las representantes a nivel nacional, si hay atropello contra nuestros esposos o coroneles nosotras vamos a estar”.
Churata indicó que esperarán las instrucciones de Ruth Nina, dirigente nacional de las esposas de policías. Además, lamentó que el MAS no respete la Justicia y no tenga consideración con la institución del orden, mucho más cuando hubo centenares de muertos a raíz de conflictos y por la cuarentena por el coronavirus. “Por los muertos (en filas policiales) que ha habido el año pasado nadie dice nada, lamentablemente el MAS está haciendo lo que quiere, me parece que ese partido no conoce la justicia, no hay quien diga algo por los fallecidos no solamente en la movilización, también en la pandemia ¿Eso es justicia?”, declaró.
Tomado de Brújula Digital
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