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El Gobierno español ha criticado que las elecciones legislativas de este domingo en Venezuela se vayan a desarrollar sin garantías y por ello ha avanzado que no reconocerá el resultado de estos comicios, según han confirmado fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.
Además, desde el Ejecutivo de Pedro Sánchez prevén un pronunciamiento comunitario de todos los países miembros de la Unión Europea sobre estas elecciones legislativas después de que muchos de ellos adelantaran su rechazo a los resultados de los comicios.
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Eso sí, desde el Ministerio de Asuntos Exteriores señalan que será el lunes, el día después de estas elecciones, cuando se haga pública la reacción oficial del Gobierno a estos comicios en el país de Nicolás Maduro, aunque insisten en que no se reconocerá el resultado de los comicios.
En estas elecciones parlamentarias en Venezuela, el grueso de la oposición ha rehusado participar por considerarlas fraudulentas y en ellas se renovará la actual Asamblea Nacional, encabezada por Juan Guaidó.
Respecto a una posible supervisión de las elecciones por parte de las embajadas, el Ejecutivo reconoce que fue un tema valorado por la Unión Europea pero que se descartó porque una observación seria de estos comicios implicaría mucho trabajo de campo y mucho tiempo y, dadas las circunstancias, era imposible desarrollarlo.
Por otra parte, Exteriores ha evitado valorar si, tras las elecciones, habrá algún cambio con el representante diplomático de Venezuela ante España, Antonio Ecarri, y asegura que de momento se mantienen las cosas como están.
Una farsa
La oposición venezolana denunció que las autoridades electorales fueron designadas a dedo por el Tribunal Supremo de Justicia controlado por Nicolás Maduro, contrario a lo que establece la Constitución en su artículo 296, que señala que deben ser designados por la Asamblea Nacional.
Quienes fueron impuestos como rectores del CNE no cumplen con los criterios de independencia, pues están vinculados al chavismo. El más claro ejemplo es Indira Alfonzo, impuesta como presidenta del CNE, quien ejercía como vicepresidenta del mismo Tribunal que la designó, y quien se dedicó a perseguir a opositores cuando fue magistrada.
Además, los principales líderes políticos opositores no pudieron postularse como candidatos porque están inhabilitados y perseguidos. Tal es el caso de Juan Guaidó, Henrique Capriles Radonski, Leopoldo López o Julio Borges. “Ahora mismo, ningún candidato de la farsa electoral es realmente opositor. Todos son chavistas ampliamente conocidos o forman parte del chavismo pero se venden como opositores”, acusan desde la oposición.
Es más, advierten que el CNE ilegítimo alteró la conformación del Parlamento. Violando la Constitución y las leyes, aumentó la cantidad de diputados a ser electos en un 60%, pasando de 167 diputados a 277, asignando más cargos a elegir en localidades pequeñas pero que históricamente han favorecido al chavismo, para así asegurarse más diputados.
Y en los últimos días, desesperados por el poco respaldo del propio electorado veenzolano, el régimen comenzó una campaña de coacción para que vayan a las urnas. Es que en Venezuela el voto es voluntario, no una obligación, y dado que las encuestas estiman que 80% de los venezolanos no participarán por ser un proceso viciado, el chavismo han emprendido una estrategia de amenazas contra la población para obligarlos a acudir y que voten por los candidatos del PSUV.
Esta semana, el segundo del chavismo, Diosdado Cabello, amenazó diciendo que “el que no vote, no come”, en un país con 10 millones de personas en inseguridad alimentaria, según la ONU, y en el que el régimen controla la distribución de alimentos.
También Maduro ha anunciado que los militares y grupos de exterminio, como las FAES, buscarán en su casa a los ciudadanos para llevarlos a votar, con la excusa de “garantizar medidas de bioseguridad”.
Con información de Europa Press
Infobae
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