El juez que lleva adelante el caso Huayllani conminó en seis ocasiones al Ministerio Público a cerrar la etapa investigativa y emitir un informe conclusivo. Pese a ello, el caso no pasó de esta fase.
En este caso, actualmente están siendo investigados exjefes policiales y militares, además de exministro de Gobierno y Defensa (Arturo Murillo y Fernando López, respectivamente), entre otros uniformados y civiles.
El 8 de septiembre de 2020, el juez de Instrucción en Material penal número 1 de la localidad de Sacaba rechazó por primera vez la solicitud de los fiscales a cargo del caso.
“No ha lugar a lo solicitado, por extemporáneo y haber alcanzado el límite de ampliaciones de investigaciones de la norma procesal”, dice la respuesta del juez.
El 24 de septiembre de 2020, el juez emitió un nuevo auto, en el que recordaba a la Fiscalía que debía culminar la etapa inicial del caso, por lo que no dio lugar a la solicitud de ampliar la investigación por 60 días más.
Pese a estas advertencias, el Ministerio Público buscó extender los plazos procesales de manera “irregular”.
El pasado 9 de octubre, el mismo juez emitió un decreto (Fs 190). “Se infiere que el término de la etapa preliminar habría fenecido -abundantemente-, por lo que se conmina a la Fiscalía cumplir con la exigencia procesal y dentro del término de cinco días computables a partir de la notificación”, indica el decreto.
De igual forma, el 27 de octubre de 2020, mediante el oficio de Fs. 203, nuevamente se explicó que la etapa preliminar habría fenecido “abundantemente”, por lo que se conminó por segunda vez a la comisión de fiscales a cumplir con la exigencia procesal prevista por el artículo 301 del Código de Procedimiento Penal, dando nuevamente cinco días para cumplir con la conminatoria y cerrar la etapa preparatoria del caso.
Aun así, la comisión de fiscales a cargo de la investigación del caso Huayllani, el 4 de noviembre nuevamente pidió la ampliación de la etapa investigativa por 60 días más.
En respuesta a esto, el juez de Materia Penal emitió un nuevo decreto de Fs. 210, que dice: “No ha lugar a lo solicitado, estese a lo fundamentado mediante auto de fecha 24 de septiembre de 2020. Cabe aclarar a la representante fiscal (Nuria Gonzáles, actual fiscal departamental), que el ampliar la investigación contra una persona no abre nuevamente los 60 días que dispone la normativa procesal. Además, se debe tener en cuenta que la fecha de inicio de investigación, hasta ahora (4 de noviembre), ha superado ‘superabundantemente’ el plazo, en este sentido se exige dar cumplimiento escrito a lo establecido en los artículos 300 y 301 del Código de Procedimiento Penal (CPP)”.
Fiscales piden 90 días más para investigar
El 5 de enero de 2021, la comisión de fiscales a cargo de la investigación del caso Huayllani hizo conocer a las partes la intención de ampliar la etapa investigativa por 90 días más, pero esta solicitud aún no fue remitida ante el juez que conoce la causa, ya que continúa el receso judicial.
Los fiscales de Materia Lizeth Martínez Reyes, Giovanni Campos y Richar Villaca, dentro de la investigación preliminar seguida contra Arturo Murillo, Luis Fernando López y otros por los presuntos delitos de asesinato y lesiones en el caso Huayllani, solicitaron nuevamente la ampliación por 90 días de la etapa preliminar.
“Se ordena la ampliación de plazo por otros 90 días más, conforme el cómputo señalado en el artículo 130 párrafos tercero y cuarto del Código Procesal Penal (CPP), por cuanto considera un plazo adecuado, razonable, útil y pertinente para cumplir las actuaciones investigativas pendientes”, refiere el memorial enviado por los fiscales de material.
La Fiscalía, a la fecha, aguarda aún la respuesta del juez.
Fiscal departamental dice estar en el plazo
La fiscal departamental de Cochabamba, Nuria Gonzales, en una conferencia de prensa, afirmó que la investigación del caso Huayllani está dentro de los plazos procesales al explicar que son seis los meses de investigación, de acuerdo con el procedimiento penal, pero que se logró la ampliación del caso por la cantidad de sospechosos y la complejidad del caso.
“Nosotros, como Ministerio Público, garantizamos una investigación minuciosa bajo el principio de exhaustividad y la debida diligencia para poder esclarecer todas y cada una de las muertes que han sucedido el 15 de noviembre en la localidad de Sacaba y Huayllani”, dijo.
Gonzales no hizo referencia a las reiteradas conminatorias que emitió el juez de Instrucción en Materia Penal número 1 de la localidad de Sacaba, quien reiteró a Gonzales que debe cerrar la etapa investigativa y presentar un informe final. La fiscal departamental dice también que existen siete personas sindicadas en el caso, entre ellas exjefes policiales y de las Fuerzas Armadas.
Informe complementario
Los fiscales de materia que investigan el caso Huayllani, mediante un documento remitido el lunes a la defensa de las partes investigadas, señalaron que no existe un informe complementario en el cuaderno de investigaciones, que indique que algunos disparos salieron desde el lugar donde estaban los militares y policías.
“Se extraña el informe que indica”, refiere la respuesta enviada por parte de los fiscales Richard Villaca y Giovanni Campos, a una de las partes.
Tomado de Los Tiempos
Comentarios