El presidente Luis Arce anunció la firma de un contrato con Petrobras, para la compraventa de gas, que —según dijo— mejora en 51% la octava adenda suscrita por el régimen transitorio de Jeanine Áñez y que reportará para el país $us 25 millones en dos meses.
“Suscribimos un nuevo contrato con @petrobras que mejora en un 51% el precio con relación a la Octava Adenda firmada por el gobierno de facto. De esta manera, vía YPFB, el Estado recibirá $us 25 millones en dos meses. Trabajamos sin descanso para generar más ingresos para #Bolivia”, escribió el mandatario en su cuenta de Twitter.
Suscribimos un nuevo contrato con @petrobras que mejora en un 51% el precio con relación a la Octava Adenda firmada por el gobierno de facto. De esta manera, vía YPFB, el Estado recibirá $us 25 millones en dos meses. Trabajamos sin descanso para generar más ingresos para #Bolivia pic.twitter.com/IJ7aaZrNxB
— Luis Arce Catacora (Lucho Arce) (@LuchoXBolivia) January 24, 2021
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A principios de marzo de 2020, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) firmó la llamada octava adenda con Petróleo Brasileiro SA (Petrobras), que, se preveía, iba a generar para el país entre $us 4.000 millones y $us 6.000 millones en los próximos seis años.
El acuerdo establecía un volumen mínimo de entrega de 14 millones de metros cúbicos por día (MMm3d) y un máximo de 20 MMm3d. Con las anteriores adendas el volumen máximo era de 30,08 MMm3d y el mínimo, de 24 MMm3d.
La fórmula de pago, que es el precio internacional del petróleo más una canasta de fuels, no había sido modificada con ese acuerdo.
Sin embargo, como informó La Razón en agosto de 2020, con la octava adenda YPFB había dejado de percibir mensualmente unos $us 5,34 millones por el transporte del energético entre Río Grande y Puerto Suárez (Mutún), en la frontera con Brasil, costo que antes de la firma del nuevo convenio lo pagaba la petrolera brasileña.
Desde Río Grande hasta el Mutún la longitud del ducto es de 570 kilómetros. Antes de la firma del nuevo acuerdo el punto de entrega del gas boliviano era Río Grande. Con la octava adenda, el punto de entrega se había cambiado al Mutún, en la frontera con Brasil, según el documento al que tuvo acceso entonces La Razón.
En suma, las pérdidas para el país alcanzarían los $us 233 millones tras la octava adenda.
Este extremo había sido admitido después por el entonces ministro de Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora. “En este año (2020) son 58 millones, en 2021 deben ser alrededor de 80 millones y en 2022, unos 85 millones de dólares aproximadamente”, afirmó.
La Razón
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