Activistas, investigadores y científicos de la Asamblea por los Bosques y la Vida Bolivia, presentaron una carta este martes exigiendo al presidente Luis Arce Catacora y al vicepresidente David Choquehuanca, que abroguen los Decretos Supremos 4232, 4238, 4348, y 3874 relacionados a los organismos genéticamente modificados.
En su nota, recordaron que hace más de 7 meses durante la campaña electoral, Arce sostuvo que Decreto 4232, emitido por Jeanine Añez, “es ilegal y atenta contra la soberanía alimentaria, el patrimonio genético de Bolivia, la biodiversidad y la salud de todos los bolivianos’’.
De la misma forma, David Choquehuanca indico hace 4 meses que: ‘’alterar los alimentos genéticamente obedece a intereses económicos que enferman nuestros suelos, al agua, al cuerpo y a la sociedad’’, según la nota.
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La carta argumenta que se trata de decretos que promueven e imponen un modelo de desarrollo insostenible que solo beneficia al sector del agronegocio y transnacionales, dado que el Decreto 4232 y el 4238 autorizan procedimientos abreviados anti científicos para maíz, caña de azúcar, algodón, trigo y soya genéticamente modificados.
Señala también que el Decreto 3874 autoriza procedimientos abreviados para la evaluación de la soya intacta y la soya HB4 y el Decreto 4348 enmarca la producción de maíz transgénico y rezonificación de tierras a pesar de que Bolivia es centro de diversidad del Maíz y está prohibido por ley atentar contra ese patrimonio.
La carta resalta que los decretos transgénicos violan la Constitución Política del Estado en varios de sus artículos y denuncia que los eventos transgénicos, inevitablemente asociados a agrotóxicos venenosos, ponen en riesgo a los polinizadores, los bosques, los ríos, la biodiversidad y todos los ecosistemas que proveen funciones claves para el país y su población.
En relación al Comité de Bioseguridad, encargado de llevar adelante la evaluación de eventos transgénicos, los activistas resaltan que el mismo carece de la capacidad científica y ética, puesto que varios de sus miembros presentan conflictos de interés para llevar adelante dicho procedimiento.
Según alertaron, estos Organismos Genéticamente Modificados no contribuyen a fortalecer la alimentación de los bolivianos, más bien la debilita y es viable sólo mediante la continua y creciente deforestación de los bosques del país que han sido catastróficamente afectados por los incendios del 2019 y 2020.
Según la Asamblea de los Bosques, este pedido se suma a la carta abierta y pronunciamiento presentados el 19 de mayo 2020 a la presidenta Jeanine Añez, en la que 300 organizaciones y 14 mil ciudadanos rechazaron los decretos supremos 4232 y 4238 aprobados en plena pandemia, así como también el Decreto Supremo 3874 firmado por Evo Morales.
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