Tras escuchar el informe de la ministra de Planificación del Desarrollo, Gabriela Mendoza, el Senado sancionó la ley sobre la operación crediticia con la CAF – Banco de Desarrollo de América Latina, por $us 350 millones para la atención de la emergencia sanitaria por el COVID-19.
El proyecto de ley fue enviado al Órgano Ejecutivo para fines constitucionales.
La propuesta de norma que aprueba el contrato de préstamo para el programa en línea de crédito contingente de apoyo anticíclico para la emergencia sanitaria por el COVID-19 suscrito entre Bolivia y la CAF, fue sancionada por mayoría, con el apoyo de 19 votos de los senadores.
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Esta operación crediticia, señaló la ministra Mendoza, permite contar con un apoyo presupuestario, que al tener características de libre disponibilidad no cuenta con ningún tipo de condicionamiento de política económica para el país, por lo que se constituye en un elemento importante a la hora de coadyuvar a la administración de las finanzas públicas a través del Tesoro General de la Nación (TGN), indica un reporte de prensa del Ministerio de Planificación.
El boletín añade que el “Gobierno de Jeanine Áñez generó una afectación a la economía boliviana que se tradujo en un déficit fiscal de más de Bs 19.000 millones hasta noviembre de 2020, ligado a una reducción de la recaudación tributaria en el orden de 27,2%, un incremento en el endeudamiento externo de $us 1.300 millones y la paralización de la inversión pública con una contracción del 66%, pasando de una ejecución de $us 3.769 millones a $us1.323 millones, generando consecuencias negativas en la actividad económica a nivel nacional”.
“Como respuesta inmediata ante este contexto, el equipo económico del Gobierno del Estado Plurinacional viene efectuando una serie de medidas de política económica y social, orientadas todas ellas a una inyección de recursos que permita reconstruir la actividad económica del país. En la misma línea, la operación de la CAF, al constituirse en un crédito de apoyo presupuestario permitirá aliviar en parte la presión sobre las finanzas públicas”, añade el reporte.
“En el mensaje técnico que expuso Mendoza –agrega el boletín– fue contundente en señalar que el Gobierno del presidente Arce no esperó a esta operación crediticia para efectuar los esfuerzos necesarios, en estos dos meses, para adquirir 15 millones de vacunas contra la COVID-19, adquirir 2,2 millones de pruebas de detección masivas, prever la contratación de 4.500 médicos y otorgar apoyo presupuestario a los diferentes niveles de gobierno, comprometiendo inicialmente $us 200 millones a la lucha contra la pandemia”.
ABI
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