Al menos 100 denuncias contra exmagistrados y exconsejeros que fueron remitidas por la Asamblea Legislativa Plurinacional para su investigación en la vía penal por el Ministerio Público podrían quedar en la impunidad, después de que un juez cautelar en Sucre dispuso que la denuncia contra los extribunos que avalaron la reelección de Evo Morales en contra de la Constitución, retorne al Legislativo, pues interpretó que corresponde un juicio de privilegio.
Además de la denuncia contra los exmagistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional, hay más de 100 casos contra exautoridades que terminaron su mandato constitucional (desde 2012 a 2017), que fueron remitidos al Ministerio Público en Sucre, reveló el ministro de Justicia, Iván Lima.
Los exmagistrados Ruddy Flores y Zenón Bacarreza plantearon incidentes y excepciones de incompetencia para evitar ser procesados en la vía orginaria; la solicitud fue presentada en diciembre de 2020, después que el MAS retomó el Gobierno y la demora en la investigación les favoreció.
“Esta decisión del juez que decidió la remisión del caso a La Paz podría determinar que más de 100 causas retornen a la Asamblea Legislativa, todos esos casos de ciudadanos que reclamaron contra las decisiones de los anteriores magistrados habían quedado en el limbo, muchos con rechazos, avances de investigación y en general con una incertidumbre”, señaló Lima.
La autoridad agregó que el juez de garantías constitucionales en Sucre determinó que cuando una alta autoridad termina su mandato mantiene el privilegio constitucional y, por lo tanto, se requiere de una autorización de juzgamiento por parte de la Asamblea Legislativa Plurinacional.
En los últimos nueve años fueron procesados tres exmagistrados del TCP y cuatro exconsejeros de la Magistratura, a los que prácticamente se les obligó a renunciar para remitir su caso al Ministerio Público; el único que se resistió a dimitir y aguantó casi un año fue el exmagistrado Gualberto Cussi, que cuestionó la repostulación de Morales y fue enjuiciado en la Asamblea controlada por el MAS.
Estos casos, que duran años, demuestran que hay un problema en la Ley 44 de procesamiento a altas autoridades del Estado y se tiene que hacer ajustes para evitar la impunidad en los niveles estatales, agregó el ministro Lima.
Exceptuando esos, más de 100 denuncias contra exautoridades judiciales y constitucionales están en el limbo y si los denunciados activan incidentes volverán a la Asamblea Legislativa.
Cuatro exconsejeros de la Magistratura denunciados por impedir la posesión de un juez en La Paz, que ya fue designado producto de una convocatoria, estaban siendo procesados en la vía penal en Sucre y fueron imputados; este caso también podría volver al Parlamento.
Correo del Sur
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