«La Fiscalía solicitó prisión preventiva para todos los involucrados», dice la nota de prensa, pero «el presidente de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, Vladimir Jhayya Flor, ordenó prohibición de salida del país, uso de dispositivo electrónico de vigilancia y presentaciones ante la autoridad».
La instrucción fiscal fue abierta por un delito de malversación de caudales públicos en la compra irregular de 100.000 pruebas PCR para la detección de la COVID-19, una compra realizada a la empresa Salumed S.A. que «habría representado un perjuicio para el Estado de 4.226.800 dólares», según la Fiscalía.
La investigación previa del caso se inició el 26 de mayo de 2020 y la Fiscalía formuló cargos el 13 de noviembre de ese año con más de 50 elementos de convicción en contra de siete personas.
«Tengo la conciencia tranquila»
Médico de profesión, el alcalde se pronunció el lunes sobre el caso y aseguró que las pruebas «protegieron a los quiteños».
«Tengo la conciencia tranquila, nuestro siguiente paso, conseguir vacunas para Quito, si tengo que ir preso por salvar vidas, me iré con la frente en alto», afirmó por redes sociales.
El delito de malversación está sancionado en Ecuador con una pena de prisión de diez a trece años, según el Código Orgánico Integral Penal.
En la audiencia de este martes, el tribunal dictó medidas cautelares de distinto tipo para cuatro de los siete imputados, y prisión preventiva para Ximena A., secretaria de Salud del Municipio de Quito, y Jéssica C. y Marco R.
A todos los procesados se les ordenó la inmovilización de cuentas y prohibición de venta de bienes por cinco millones de dólares.
Incumplimiento de contrato
Según el comunicado de la Fiscalía, los sospechosos habrían terminado el 20 de julio de 2020 —por mutuo acuerdo— el «contrato de emergencia para la adquisición de reactivos para la determinación de COVID-19 por PCR polimerasa», suscrito entre la Secretaría de Salud del Municipio de Quito y la empresa Salumed S.A.
Lo que correspondía, según las investigaciones, era dar por terminado unilateralmente el contrato por incumplimiento de la empresa contratista y ejecutar las garantías contractuales, dado que la empresa entregó pruebas RT LAMP, con menos porcentaje de detección del virus, es decir, había que duplicar el procesamiento de cada prueba debido a su baja sensibilidad.
A esto se agrega que las pruebas adquiridas en abril de 2020 tenían como fecha de caducidad el 26 de septiembre siguiente, cuando la Ley y el contrato determinan que la fecha de caducidad de los productos no debe ser menor a los doces meses, contados desde el momento de la recepción.
La instrucción fiscal se extenderá durante treinta días más, periodo en el que estarán en pie las medidas cautelares contra todos los imputados.
Fuente: 20MINUTOS.
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