El enviado especial de la ONU para Birmania advirtió este miércoles (17.02.2021) del riesgo de escalada de la violencia en el país donde se mantienen los llamamientos a la desobediencia civil contra la junta militar que sumó nuevas acusaciones contra Aung San Suu Kyi.
La advertencia se produce después de que la depuesta líder civil Aung San Suu Kyi fue imputada el martes con violar la Ley de Gestión de Desastres Naturales, dijo a la AFP su abogado Khin Maung Zaw, y explicó que la nueva vista se celebraría el 1 de marzo.
El relator de la ONU, Tom Andrews, teme que ya esté siendo juzgada en secreto. «No hay nada justo en la junta. Es teatro. No es más que teatro. Y, por supuesto, nadie les cree», dijo a la AFP.
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En las dos semanas transcurridas desde el golpe de Estado militar que depuso a Suu Kyi, detenida en la capital administrativa Naipyidó, hubo un levantamiento popular.
Tom Andrews advirtió que la situación puede escaparse de las manos. «Temo que este miércoles (…) la violencia escale en Birmania a un nivel que no hemos visto desde el golpe ilegal del 1 de febrero», dijo Andrews en un comunicado.
El relator especial se basa en informes recibidos «sobre el traslado de soldados por lo menos a Rangún desde otras regiones. En el pasado, estos movimientos de tropas precedían a las matanzas, desapariciones y detenciones masivas», sostuvo.
«Estoy aterrado de que dada la conjunción de hechos, protestas masivas y tropas siendo trasladadas, podamos estar ante el precipicio de que los militares perpetren aún mayores crímenes contra la población de Birmania».
Los militares justificaron el golpe por el supuesto fraude masivo en las elecciones de noviembre en las que venció por aplastante mayoría el partido de Suu Kyi, la Liga Nacional para la Democracia (LND).
Tras su detención el 1 de febrero, Suu Kyi fue acusada bajo una oscura ley comercial por la importación de walkie talkies que fueron encontrados en su casa.
Según el abogado, la laureada con el premio Nobel de la Paz ahora está inculpada de violar la ley de gestión de los desastres naturales del país.
Aunque no está claro cómo se puede aplicar dicha ley a Suu Kyi, la misma fue aplicada contra el depuesto presidente Win Myint, también detenido el 1 de febrero, en el marco de un acto electoral que, según la junta, violó las restricciones impuestas contra el coronavirus.
El abogado Khin Maung Zaw señaló que espera que tanto Suu Kyi como Win Myint, con los que todavía no se ha podido comunicar, aparezcan en videoconferencia durante el proceso del 1 de marzo.
Pero Andrews aseguró que tenía «información de que un juicio secreto» contra ambos se ha iniciado esta semana, sin ofrecer más detalles.
El portavoz militar Zaw Min Tun dijo el martes que ambos están en un «lugar seguro» y en «buena salud».
«No es como si hubieran sido arrestados. Están en sus casas», dijo en una conferencia de prensa este general que es viceministro de información desde el golpe.
Estados Unidos y Reino Unido condenaron la nueva imputación a Suu Kyi y reiteraron sus pedidos para que la liberen.
Más de 420 personas han sido detenidas desde el golpe, según una lista de detenciones confirmadas por una ONG de asistencia a los presos políticos.
Las fuerzas de seguridad han recrudecido la represión para poner fin a las gigantescas protestas en todo el país y la campaña de desobediencia que anima a los funcionarios a unirse a la huelga.
Los militares, desplegados en todo el país en los últimos días, recurren a las balas de goma, gases lacrimógenos y hondas contra los manifestantes.
«Cortaron internet porque quieren hacer cosas malas», dijo el martes Win Tun, de 44 años, que vive en la capital comercial Rangún. A pesar de ello, la movilización continúa. El martes los manifestantes volvieron a las calles del país.
«Quiero que más gente se una a las protestas, no queremos que nos vean como débiles», dijo el estudiante universitario Thwe Ei Sann. Los manifestantes bloquearon un tramo de la vía férrea en Mawlamyine, para impedir la salida de un tren abarrotado.
Muchos conductores de trenes se han sumado al boicot de los trabajadores contra el golpe, frustrando los esfuerzos de la junta de reanudar el servicio de ferrocarriles nacionales tras el cierre por COVID-19.
Además de Estados Unidos y Reino Unido, el embajador chino en Naipyidó dijo el martes que «lo que está ocurriendo en Birmania no es en absoluto lo que China quiere ver».
Hasta ahora, solo Washington ha anunciado sanciones contra los generales, a los que ha pedido que devuelvan el poder a manos civiles.
El portavoz militar Zaw Min Tun dijo que «esperan las sanciones» y que el régimen seguirá «manteniendo relaciones amistosas» con la comunidad internacional.
Fuente: DW.
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