Los efectivos policiales que intervinieron en los operativos conjuntos con las Fuerzas Armadas en Huayllani el 19 de noviembre de 2019 “no portaban armas letales” y para la ejecución de la orden no se les distribuyó armas “potencialmente letales”, señalan dos informes emitidos por los responsables y que figuran dentro de la investigación del denominado caso Hauyllani.
Además de ambos informes, de 17 de noviembre de 2020 y del 9 de diciembre de 2020, en otro documento se señala que la instructiva a los jefes policiales era agotar las negociaciones y persuasión antes de utilizar la fuerza y los agentes químicos antidisturbios.
En el memorando 190-2019, emitido por el entonces exsubcomandante general de la Policía Jhonny Donato Coronel, se expresa que “el uso de agentes químicos debe darse como último recurso y a orden expresa, después de haber agotado todas las instancias de referencia, quedando terminantemente prohibido portar armas de fuego letales en observancia de la Ley Orgánica de la Policía”.
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Según los informes periciales del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), en el lugar donde se produjeron los enfrentamiento con los afines al Movimiento Al Socialismo (MAS), se colectó un proyectil de arma de fuego.
La semana pasada estaban programadas dos inspecciones oculares a las salas de armas de las unidades militares, para comprobar si existe coincidencia con el proyectil encontrado y las armas que tienen las FFAA, pero la audiencia se suspendió
Los Tiempos
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